La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha propuesto un plan de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que hasta ahora dirige Mercedes Alaya, y que podría llegar a tener hasta tres jueces más, dos en comisión de servicio y quizás un juez de adscripción territorial.
El plan de refuerzo, que incluye el mantenimiento de los funcionarios de apoyo al juzgado, se propone al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar respuesta a las "macrocausas" que tramita ese juzgado, como los ERE o los cursos de formación, "de gran complejidad y voluminosidad", según una nota del TSJA.
La propuesta se ha presentado pocas semanas antes de que, previsiblemente, tome posesión de la plaza del juzgado de instrucción 6 la juez de primera instancia 17 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, que sustituirá a Alaya una vez que ésta obtuvo una plaza en la Audiencia de Sevilla.
Las dos plazas de jueces de comisión de servicio con relevación de funciones se ofertarán en un concurso abierto y público, aunque una de las condiciones para adjudicarlas será el conocimiento de las causas que se tramitan en el juzgado número 6 y que comenzó Alaya.
Por ello, con toda probabilidad, una de esas dos plazas será para Alaya, que tendría que renovar cada seis meses la comisión de servicio, según han informado a Efe fuentes judiciales.
La sala de gobierno recuerda que "el próximo traslado de la actual juez titular del juzgado a la Audiencia Provincial, en virtud de concurso voluntario y a petición propia, conlleva el cumplimiento del mecanismo legal de provisión de plazas judiciales, como una de las garantías de la independencia de la justicia".
El alto tribunal andaluz agrega que, ante la próxima resolución del concurso y consiguiente incorporación de un nuevo titular en el juzgado de instrucción 6, "debe abordarse la formulación de las propuestas necesarias para la adecuada y diligente tramitación y resolución de las causas" del juzgado que dirige Alaya.
El TSJA pretende "minimizar, en la medida en que legalmente sea posible, los inconvenientes que puedan derivar del necesario cese de la actual titular y la ineludible incorporación de otro distinto".
La sala de gobierno califica este plan como "ambicioso" y subraya que "podría dar respuesta a los problemas de sobrecarga de trabajo generados por la acumulación de macrocausas, de gran complejidad y voluminosidad".
Al mismo tiempo, "permitiría un impulso continuado" de las causas, algunas con cuatro años de antigüedad, como los ERE, y se ganaría "celeridad y eficacia en su tramitación" y permitiría "ofrecer una imagen de agilidad y eficiencia en asuntos que tienen una importante trascendencia social".
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