El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha insistido hoy ante el Supremo en que sus informes alertando de irregularidades en los ERE debieron llegar a tres consejeros de la Junta, entre ellos al de Hacienda, José Antonio Griñán, pero se "hicieron los sordos" durante 10 años.

Sin embargo, el exinterventor ha asumido que no envió, ni entregó directamente ninguno de estos informes a ningún consejero, que no se reunió con ninguno de ellos -ni con el presidente-, y que no recibió presiones políticas nunca.

El que fuera interventor de la Junta entre 2000 y 2010, ha asumido que solo despachó con la viceconsejera de Hacienda, Carmen Aguayo.

Aún así, Manuel Gómez Martínez ha declarado que los responsables de la Junta de Andalucía hicieron oídos sordos y miraron para otro lado durante diez años ante las advertencias de irregularidades en las subvenciones de los ERE que su departamento les señaló.

Gómez Martínez ha realizado las citadas manifestaciones a los periodistas, a cuyas preguntas no ha querido responder, tras declarar durante tres horas y media y como imputado ante el magistrado del Supremo que instruye el caso ERE en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro.

El abogado José María Mohedano, defensor del expresidente y exconsejero de la Junta Griñán, a cuyas preguntas tampoco ha querido responder Gómez Martínez, ha declarado a los periodistas que no constan en la causa, como ha debido aceptar el propio exinterventor, informes de actuación.

Estos informes de actuación son los que se elevan al nivel de consejero, y los que realizó Gómez Martínez fueron solamente informes destinados al nivel de viceconsejero.

Mohedano se ha quejado en declaraciones a los medios de que el compareciente no haya querido contestar a preguntas de las defensas y ha destacado que Martínez "no tenía hoy obligación de decir verdad y por eso no ha querido responder a mis preguntas".

Fuentes jurídicas han informado de que el exinterventor ha asumido que solo señaló falta de idoneidad -que no ilegalidades- en los ERE.

Los tres consejeros a los que los citados informes debieron llegar, según Gómez Martínez, fueron el de Economía y Hacienda -Griñán-; el también imputado ante el Supremo, José Antonio Viera (consejero de Empleo), y el consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

El exinterventor ha asumido además que no hizo informes de este nivel porque no hubo menoscabo de fondos públicos, sino un déficit presupuestario, aspecto en el que ha contradicho el informe de los peritos de la Inspección General del Estado, según fuentes jurídicas.

Ádemás, se ha mostrado muy dolido ante las declaraciones de Griñán y Chaves realizadas durante el mes de abril en este procedimiento: "he pedido declarar en esta causa del Supremo porque me he sentido injustamente acusado por la personas que han declarado con anterioridad y que tenían las máximas responsabilidades en la Junta en ese periodo", ha señalado a los periodistas Martínez.

"Yo creo haber demostrado esta mañana en mi declaración que el sistema de gestión de las subvenciones de los ERE ha sido un sistema en el que la Intervención General no tuvo nada que ver, no fue consultada, ni siquiera le fue comunicado cuando se puso en práctica, ni se la dotó de procedimientos adicionales de control", ha explicado.

El declarante ha llegado a las diez menos veinticinco de esta mañana al Supremo para declarar ante el magistrado que instruye el caso ERE en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro.

Gómez Martínez, que está imputado ante el Juzgado de Sevilla donde ha instruido el caso la juez Mercedes Alaya, ha comparecido a petición propia, del fiscal del caso y de la acusación popular ejercida por el sindicato de funcionarios Manos Limpias.

La versión de quien fue interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010, es decir, en pleno desarrollo del supuesto fraude de los ERE, es totalmente contradictoria de la que dan los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Ellos han declarado que en ningún momento recibieron informes alertando de que hubiera ilegalidades en los ERE.

Lo que, según los aforados, hizo el interventor fueron informes de cumplimiento que no deben ser elevados al consejero y menos al presidente.