El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) apuesta por la construcción de nuevas sedes judiciales "o proyectos similares" en la comunidad autónoma para evitar "elevados gastos" en alquileres, que supusieron un total de 14,8 millones de euros el pasado año.

   Así lo señala en su Memoria Anual de Actividades de 2013, presentada recientemente en Granada por el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, y en la que se alerta de que las actuaciones desarrolladas hasta el momento en infraestructuras judiciales no han conseguido dar cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales del Plan de Infraestructuras, "cual es el de favorecer el régimen de titularidad pública de las sedes judiciales, en detrimento del régimen de arrendamiento".

   El porcentaje de inmuebles en arrendamiento respecto al total de sedes judiciales de Andalucía, según el TSJA, se mantiene constante en un valor del 43,3 por ciento desde la fecha de redacción del Plan.

   Incluso la superficie en régimen de alquiler ha experimentado un "notable crecimiento", con un "elevado" gasto en alquileres judiciales (un total de 14,8 millones durante el año 2014), "que se reduciría notablemente con edificios de nueva planta o proyectos similares".

   Según el Alto Tribunal andaluz, no han existido novedades en edificios de nueva planta, en concentración de sedes y mejor utilización de las actuales, o proyectos similares de envergadura pendientes de poner en marcha "desde hace bastante tiempo" (Algeciras, Cádiz, Ceuta, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, entre otros), y Córdoba es la "única excepción a esta regla", ya que hace unos meses se ha producido el inicio de las obras para la "deseada" Ciudad de la Justicia.

   En ese sentido, ha lamentado la existencia de edificios judiciales "dispersos, inadecuados, incluso infrautilizados en muchas ciudades", al tiempo que ha reclamado una "firme apuesta y consecución, en tiempos razonables, de edificios judiciales concentrados en las mismas, en definitiva, la dotación y adecuación de las infraestructuras judiciales en el ámbito territorial" del tribunal.

PRESUPUESTO SIN EJECUTAR

   Por ello, ha solicitado "un mayor esfuerzo" en ese sentido a la administración competente, "pues no parece aceptable que el 77 por ciento del presupuesto programado para infraestructuras judiciales no se haya ejecutado tras quince años de ejercicio de competencias en administración de justicia".

   Las necesidades "más apremiantes y llamativas" afectan por tanto a edificios judiciales "dispersos e inadecuados", con costosos alquileres.

   En ese sentido, ha puesto como ejemplo los casos de Granada y Algeciras (Cádiz), "que exigirían un esfuerzo especial de las instituciones competentes durante el próximo año".

   Alude a la Audiencia Provincial de Granada, que "es la única en Andalucía que carece de sede unificada y tiene sus Secciones civiles y penales dispersas (éstas últimas, además, desprovistas de dependencias decorosas y dignas)", extremo "reiterado" cada año, y que "ya debería haberse subsanado, máxime cuando existen plantas diáfanas y libres en la sede judicial de la Caleta que permitirían instalar los Juzgados de primera instancia que quedan todavía separados y trasladar a su ubicación las Secciones civiles, con el consiguiente ahorro presupuestario de un alto alquiler".

   A su vez, mientras se consigue a más largo plazo la "legítima y posible" unificación de la Audiencia Provincial, las Secciones penales pueden reubicarse mejor en la actual Chancillería, aprovechando las dependencias donde se ubicaba la Fiscalía Superior, tras su traslado al edificio del Banco de España.

   También en Granada, los partidos judiciales de Órgiva y Almuñécar presentan "deficiencias de conservación y mantenimiento", y es necesaria la ubicación en un edificio de cada uno de los dos juzgados con que cuentan los dos.

EN ALGECIRAS, INSTALACIONES "INADECUADAS"

   Sobre Algeciras, considera que la ubicación del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria es "totalmente inadecuada desde hace muchos años", al tiempo que suponen un alto alquiler y se tiene a disposición bienes de titularidad pública que permitirían perfectamente reubicarlos.

   En la provincia de Cádiz, el TSJA confía en un "cambio" en las sedes de La Línea de la Concepción y San Fernando, ya que es una "necesidad apremiante", y también recuerda la "dispersión" en la capital y Jerez de la Frontera.

   En Almería, el Alto Tribunal incide en las mayores deficiencias las presenta una de las sedes judiciales Huércal Overa, en Huelva también existe esa "dispersión", con tres sedes, y Ayamonte y Moguer son las que presentan los mayores problemas.

   Sobre Jaén, mantiene que la dispersión de los Juzgados por la capital, en la que hay hasta nueve sedes judiciales diferentes, hace aún más necesario un único edificio judicial.

   En Málaga, los edificios judiciales de la Costa son los "que más deficiencias graves plantean", como es el caso de Torremolinos; Fuengirola; Torrox, con problemas de accesibilidad; o Estepona, con carencias "muy difíciles de asumir", puesto que se ubica en la primera planta de un edificio de viviendas.

DETERIORO EN SEVILLA

   El TSJA alude también a la situación en Sevilla, donde las instalaciones del edificio de El Prado de San Sebastián en las que se ubican las salas desplazadas del TSJA y la Audiencia Provincial "continúan deteriorándose", y los Juzgados de Instrucción sufren "acusadas carencias en materia de seguridad, climatización, accesibilidad, archivo y dependencias".

   Así, en espera del "estancado proyecto" de la Ciudad de la Justicia, "sería imprescindible acometer actuaciones de reforma más ambiciosas, igualmente perentorias, máxime cuando los edificios de El Prado tienen mucho espacio infrautilizado".

   La mayor parte de los partidos judiciales de la provincia de Sevilla, según se recoge en la memoria, mantienen "déficit y carencias importantes".

   Así, sería necesaria la reunificación de las sedes judiciales en Alcalá de Guadaira. Lebrija y Estepa, presentan problemas de accesibilidad en sus sedes, además de importantes deterioros, como es el caso también de las sedes de Marchena y Écija.

   Por otro lado, el TSJA alerta de que son todavía numerosas las sedes judiciales que no cuentan con medidas tendentes a facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, lo que estaría vulnerando la normativa al respecto.

   Ello, "sin contar con las sedes judiciales en las que, pese a existir algún tipo de medida tendente a mitigar los impedimentos de accesibilidad existentes, las soluciones adoptadas no producen el efecto de proporcionar una movilidad amplia por las distintas dependencias de los edificios judiciales", concluye.