El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado socialista Gaspar Zarrías declara mañana voluntariamente como imputado ante el juez que instruye el Caso ERE en el Tribunal Supremo para que el magistrado decida si es o no oportuno solicitar el suplicatorio para actuar contra él.
Alberto Jorge Barreiro, el magistrado instructor, ha citado en el mes de abril ante el Supremo a cinco aforados -que lo son por ser parlamentarios-, quienes comparecen como imputados pero voluntariamente antes de que se decida si existen o no indicios para encausar a alguno de ellos.
El instructor ha pedido varios informes relacionados con Zarrías y la senadora y exconsejera andaluza Mar Moreno, quien comparecerá la semana que viene, para disponer de una base sobre la cual interrogarles. Barreiro dispone ya de esta documentación.
La Junta de Andalucía ha informado al juez sobre los llamados "consejillos", reuniones de los viceconsejeros que lideraba el consejero de presidencia, Gaspar Zarrías, y en los que se preparaban los Consejos de Gobierno.
Esa documentación informa sobre los temas que se trataban en esas reuniones relativos a las modificaciones presupuestarias, los planes anuales de controles financieros, el anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda.
El informe se ocupa también de "cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a empresas o personas entre los años 2000 y 2012".
El instructor dispone también de un informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil sobre los actos adoptados por Zarrías y Moreno que puedan estar relacionados con la causa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en este atestado que el exconsejero Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados 'consejillos'- en las que se trataron acuerdos relacionados con los ERE, pero no ha aportado ninguna documentación de alguna decisión ejecutiva a este respecto.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, el primero de los aforados en comparecer, negó haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía. Viera atribuyó la responsabilidad a sus subordinados.
Por su lado, el también expresidente de la Junta y además exconsejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, admitió durante su comparecencia que en la gestión de los ERE hubo un gran fraude, pero no que estuviera planificado.
Negó así mismo haber recibido ningún informe de la intervención de la Junta alertándole de ilegalidades en la gestión de una parte de las citadas ayudas públicas, una negativa en la que coincidió con el también expresidente Manuel Chaves.
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves negó haber conocido o impulsado cualquier ilegalidad durante sus años de Gobierno y atribuyó cualquier eventual fraude a "actuaciones individuales".
Además, Chaves señaló, en contradicción con Griñán, que "si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos serán los jueces, la Justicia, los que determinen si las actuaciones individuales de esas personas provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande. Eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia".
