La juez Mercedes Alaya considera que los exdirectores generales de Formación de la Junta de Andalucía Teresa Florido, Manuel Brenes, Andrés Sánchez y María José Lara habrían "contribuido decisivamente" durante sus respectivos mandatos "al mantenimiento del sistema de gestión de las subvenciones para la formación que implicaba indiciariamente un reparto arbitrario de los fondos públicos".

   En los respectos autos de imputación, consultados por Europa Press, la magistrada alude a "una actuación concertada y coordinada tanto a nivel central como a nivel provincial" que "permitiría, a sabiendas de su injusticia y del daño que se podía causar al erario público, mediante acción u omisión, múltiples incumplimientos de la normativa legal en materia de subvenciones para acciones formativas, tanto en el ámbito de la concesión como en el del pago y especialmente en el ámbito de la justificación del destino de los fondos subvencionados".

   En relación a los expedientes de subvenciones para acciones formativas concedidas por la Dirección General de Formación para el Empleo, la instructora recuerda que el Informe de Cumplimiento realizado por la Intervención General correspondiente al ejercicio 2012 "revelaba indiciariamente la existencia de un uso ilícito de fondos públicos permitiendo que estos se usaran para finalidades distintas del objeto de las subvenciones concedidas", pues con carácter general "se acudía a la figura de la exoneración de la justificación para proceder a nuevos pagos de subvenciones existiendo justificaciones pendientes".

   La juez, que imputa a todos ellos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, sostiene que estas exoneraciones "se produjeron sin la necesaria motivación y convirtiendo lo que debe ser excepcional en un uso habitual por parte de la Administración en detrimento del erario público", ya que desde 2009 "tales exoneraciones venían produciéndose periódicamente, lo que fomentaba un uso fraudulento de los fondos públicos por parte de los beneficiarios".

RESOLUCIONES DE EXONERACIÓN

   Con carácter general, la juez dice que "en la mayoría de los expedientes" las justificaciones "estaban fuera de plazo, a veces sin aportar siquiera resoluciones de exoneración, sin el certificado de finalidad del órgano gestor, y sin haberse iniciado procedimiento de reintegro, existiendo un total acumulado pendiente de justificación de más de 705 millones de euros".

   Por lo que se refiere a los expedientes de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Alaya recuerda que los informes de cumplimiento del ejercicio 2012 y los informes especiales de cumplimiento relativo a los ejercicios 2009 a 2012,
realizados todos ellos por la Intervención General, ponen de manifiesto
igualmente "carencias de especial relevancia en la gestión de dichos
expedientes, especialmente en materia de justificación, informes estos últimos que concluyeron que el SAE había incumplido la legalidad vigente".

   "Todas estas irregularidades, tanto a nivel central como a nivel
provincial, habrían sido facilitadas por la actuación coordinada de los
responsables del SAE, de forma que de manera uniforme, siguiendo el mismo patrón en todas las provincias, éstos habrían posibilitado la
comisión de este fraude al no realizarse las labores de control y comprobación que impone la legislación aplicable", apostilla.

"FRENO" A LA ACTUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

   Esto último, según la juez, se habría producido "en todas las fases de los expedientes de subvención", como son las fases de concesión, control y seguimiento del desarrollo de las acciones formativas --"poniendo al personal dedicado a estas labores todas las trabas posibles para impedir las mismas, retirándoles vehículos y dietas o prohibiendo directamente las labores de inspección"--, y en la fase de justificación.

   Según precisa, en esta última fase se emitirían por los órganos gestores certificados dirigidos a la Intervención de la Junta "en los que se exponía que los fondos objeto de subvención se aplicaban al objeto de la misma y que los justificantes correspondientes exigidos por la normativa reguladora se encontraban en su poder, certificados que frenaron la actuación de la Intervención", la cual "hubiera puesto de manifiesto la falsedad de dichos extremos".

   Asimismo, "otro instrumento para posibilitar la ausencia de justificación eran las resoluciones de exoneración, las cuales "permitían la realización de nuevos pagos a pesar de que no se hubiesen
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad".

   Al hilo, la juez pone de manifiesto que fue en 2009 cuando la Consejería de Empleo comenzó a dictar resoluciones de exoneración "con carácter general, año tras año, incluso varias en un mismo año, favoreciendo a beneficiarios distribuidos por toda la Comunidad Autónoma que no habían justificado adecuadamente y en plazo las subvenciones recibidas".

   "Esto habría originado una acumulación de justificaciones pendientes que hasta el ejercicio 2013 habría alcanzado la suma de 950 millones de euros, lo cual tendría efectos graves para el erario público", concluye la magistrada.