El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha manifestado hoy en Ojén (Málaga) que si se detecta irregularidad en los cursos de formación por los que la Junta de Andalucía gastó 1,3 millones de euros y no generó ningún empleo fijo, se actuará "en consecuencia".
La juez Mercedes Alaya recibió un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que concluye, tras analizar cinco expedientes, que la Junta de Andalucía gastó, en cursos con el compromiso de contratación, 1,3 millones de euros para 570 trabajadores pero no se creó ningún empleo fijo.
Maldonado ha reconocido en declaraciones a Efe que ha conocido el asunto por la prensa, pues se encuentra de campaña electoral y no está en su Consejería, pero ha avanzado, aunque no tiene "elementos de juicio", que su departamento facilitará "toda la información" que le requiera la justicia y "reformando" todo aquello que haya tenido "poco control o poca fiscalización".
"Aportaremos toda la información, como lo estamos haciendo, con celeridad y tenemos el máximo respeto a la actuación de los jueces", ha recalcado el consejero.
El informe, firmado el 9 de marzo del 2015 tras analizar documentación facilitada por la Guardia Civil, ha sido incorporado a la causa de los cursos de formación que investiga Alaya, y analiza 38 cursos de formación repartidos en cinco expedientes, con un coste inicial de 1.341.653 euros y 570 alumnos programados, de los que finalizaron la etapa formativa 472.
De ellos, deberían haber sido contratados al menos 283, el 60 por ciento, pero los contratos considerados válidos por el Servicio de Andaluz de Empleo (SAE) fueron 96, a los que hay que añadir 26 renuncias a la contratación, señala el informe.
