Afrontar el documento en blanco de word, ese latido insistente del cursor en espera de que la mente le dirija, hacerlo cada semana en la idea de proponer una idea, un dato oculto, sin resultar tan vacío e insulso como el eco de un mitin, sin dejarse llevar por el ímpetu enfurecido o por la desesperación de quien contempla un circo de siete pistas donde cada cual muestra sus habilidades ante el público, que ajeno al truco, o no, aplaude al funambulista, se ríe del payaso, atiende al charlatán mientras devora palomitas. Aburre.
El contrato. Debiera existir un contrato electoral, muchas veces propuesto por unos y otros -Jardín “El contrato electoral” de marzo del 2013-, nunca llevado a cabo en serio por nadie, mediante el cual los partidos se comprometieran ante sus votantes a cumplir con el programa por el que han conseguido alcanzar gobierno y, de lo contrario, ser penalizados por Ley. Destituidos. Tal y como establece la Ley de Consumidores y Usuarios en cuanto a que el comerciante está obligado a cumplir con lo que oferta en su publicidad de tal modo que el consumidor tiene derecho a los parabienes del producto, de lo contrario el comerciante está obligado a devolverle el dinero. Aquí la mayoría miente, lo saben ellos, lo sabe el ciudadano. ¿Volvería a comprar una caja de cereales en cuya cubierta dice que dentro hay 500 gramos de producto cuando, en realidad, comprueba que solo había 350? En política, sí.
Con los pactos pasa lo mismo. A estas alturas nadie anuncia por adelantado y, quizás, ante notario, su política de pactos para que el elector sepa por anticipado a qué atenerse. Al contrario. Se dice una cosa, se hace otra. Votas a uno porque no quieres a otro y resulta que este uno termina aupando a ese otro.
Campaña. La tensión aumenta, el cruce dialéctico crece, el interés ciudadano afina y la calle habla al unísono de política, los porcentajes se mueven y todos los partidos andan haciendo la cuenta de la vieja por cuanto se intuye que la participación en Andalucía será más alta que nunca y, de hecho, hay quien ya la sitúa en casi el setenta por ciento. No parece que el actual sea el escenario previsto por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuando ideó el calendario electoral para este año, pero lo cierto es que a medida que avanza la campaña electoral las dudas para casi todos crecen y los dos debates televisados en Canal Sur TV no han hecho más que incrementarlas. Si la confección parlamentaria resultante de estas elecciones es tan dividida como parece, lo siguiente será ver cómo Susana Díaz logra, de ser la fuerza más votada como todo hace indicar, ser apoyada para obtener la presidencia por cuanto la Ley Electoral que refleja el Estatuto difiere en este caso al nombramiento de alcalde en los ayuntamientos; el presidente del Parlamento debe proponer el cargo para el representante de la fuerza más votada, que necesita un “sí” por mayoría absoluta, en primer ronda, o simple, que es por un voto más que el “no”, en segunda. En ambos casos necesitaría, en principio, que al menos se abstuviesen PP o Podemos, ya que de lo contrario no sería proclama presidenta y debería convocar nuevas elecciones en dos meses, concretamente para junio. Gobernar en minoría es una locura, acordar según qué pacto puede ser otra, pero convocar a urnas otra vez a los andaluces en dos meses sería de auténtica traca. Díaz lleva bastante tiempo advirtiendo de que en ningún caso pactará ni con Podemos ni con PP. No parece que Podemos se manche tan rápido y facilite el gobierno de la casta cuando solo dentro de unos meses su líder, Pablo Iglesias, tirará de retórica para aspirar a un buen resultado en Madrid. Pero otra cosa es el PP, que si se abstiene será a cambio de algo aunque parezca lo hace para promover un gobierno débil
Un cromo a intercambiar para el PP sería en las municipales, que en todo este proceso negociador se cuelan en medio. Hay que tener en cuenta que de los doce municipios de más de cien mil habitantes en Andalucía el PP gobierna hoy con mayoría absoluta en nada menos que once, como son: Sevilla, Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén, Jerez, Algeciras y Marbella, mientras que solo en Dos Hermanas lo hace el PSOE. Es probable que el PP pierda la mayoría absoluta en muchos de ellos y con el gesto en el Parlamento pudiera atar el gobierno en estas alcaldías si logra ser la fuerza más votada como, por otra parte, también parece. Pero más probable es que este acuerdo pase por Madrid y de eso en buena parte tratara la conversación que a finales de año mantuvieron en Moncloa Mariano Rajoy y Susana Díaz, pese a que ahora en campaña se tiren los trastos a la cabeza: me abstengo en Sevilla y te dejo gobernar allí, haces lo propio en Madrid unos meses más tarde y me dejas gobernar aquí. Para eso, claro, hay que mandar en Madrid y el hidalgo Sánchez, don Pedro, que después de cuatro meses por fin ha pisado Andalucía, intuye todo el movimiento y, claro, no está nada feliz, menos cuando su reina del sur le advierte que en su política de pactos, y entiéndase el mensaje, no se dejará influir por nadie. En todo este trance es importante el papel que juega Felipe González, vital en todo este proceso orgánico interno y en el que el PSOE se lo juega todo en ese escaso metro cuadrado donde, apoyada en un atril, con un discurso muy ideado para arengar el sentimiento más profundo de los andaluces, Susana Díaz diserta para rescatar al socialismo del abismo.
Siento a la sociedad como atrapada en un mitin, donde domina la verborrea fullera y nadie habla de lo que realmente importa. De la gestión pública, de la conveniencia de matizar cuestiones de este modelo social insostenible, de políticas reales de incentivación al empleo para los jóvenes, de que un imputado no es un condenado sino solo una persona que está siendo investigada y que, en todo caso, un imputado es tan bueno o malo como otro imputado y no medir de manera distinta a si el imputado es tuyo o lo es del adversario, de los múltiples incumplimientos que se han producido en esta legislatura que acaba, de la necesidad colectiva que existe de alcanzar acuerdos políticos que estén por encima de intereses partidistas y de colocar en esto líneas rojas que nadie pueda traspasar, en materia como sanidad, educación, de que no puede haber tanto político en la gestión pública y la necesidad de reestructurar a la administración para que sea menos costosa y más eficaz. De cosas sensatas.
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