La Fiscalía de Sevilla ha denunciado ante el juzgado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía cometió los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cuando concedió en 2012 una subvención de 5,8 millones de euros sin soporte legal que lo permitiera.
La Fiscalía llega a esta conclusión tras la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto a cuatro Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de Sevilla, cuya extinción acordó el Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2010, y después de una investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía.
El Servicio Andaluz de Empleo concedió la subvención de 5,8 millones de euros para hacer efectivo el compromiso de financiación de los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de las UTEDLT, según recoge la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe.
La subvención fue con carácter excepcional y se concedió mediante una resolución de la dirección general de los servicios y programas para el empleo sin un soporte legal que lo permitiera, precisa la Fiscalía.
Esa decisión, sin perjuicio de una calificación más ajustada, es constitutiva de un delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos, señala la Fiscalía.
Además de poner en cuestión estas ayudas, la Fiscalía de Sevilla señala que las UTEDLT no han justificado suficientemente el empleo de las subvenciones que recibieron para el pago de los salarios ni que reunieran todos los requisitos para que se les concediera, aunque no ha facilitado el montante del dinero del que se trata.
Además, la Fiscalía afirma que a partir de 2009 no se suscribieron los contratos programas de las unidades, que eran los documentos donde se fijaban los objetivos a cumplir, y a pesar de eso cobraron subvenciones por incentivos pero sin fijar antes los objetivos.
Esas subvenciones fueron concedidas por la dirección general de Calidades de los Servicios y Programas para el empleo de SAE y pudieron constituir delitos de fraude de subvención, malversación de caudales públicos y prevaricación, según el Ministerio Público.
Las UTEDLT, recuerda la Fiscalía, son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia participadas por el SAE y las corporaciones municipales y supramunicipales.
Sus funciones eran promover la creación de empleo y facilitar a los ciudadanos su comunicación con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para crear empleo, y sus gastos se sufragaban con las subvenciones del SAE tras una orden aprobada en 2004.
La Cámara de Cuentas ha fiscalizado las subvenciones y la disolución de cuatro unidades de la provincia de Sevilla: las de Alcalá de Guadaíra, Bajo Guadalquivir, Sierra Norte y Tierras de Doñana durante los años 2010, 2011 2012.
Esas unidades, que se financiaban con subvenciones del SAE, las componían su director, el personal técnico y administrativo y los agentes locales de promoción y empleo, añade la denuncia.
A partir de 2009, el personal técnico y administrativo pasó a depender, a efectos de retribución, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y las subvenciones que se concedían a esas unidades eran fundamentalmente para los salarios de los directores y los agentes de empleo así como para sus incentivos.
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