El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha pedido al Ministerio de Justicia la "retirada total" de las tasas judiciales y espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados por el Gobierno andaluz para su "absoluta eliminación", incluyendo también a las empresas para las que todavía siguen vigentes.
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha rechazado que se mantengan las tasas judiciales para las empresas ya que se está "cercenando a los empresarios el acceso a la tutela judicial efectiva, en lugar de ayudarles a desarrollar su actividad y generar empleo".
Según el titular de Justicia e Interior, estas tasas están obligando a "renunciar a defender sus derechos e intereses ante la Justicia, especialmente a los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y cooperativas que no pueden asumir su coste ".
De Llera, que es también número dos de la candidatura del PSOE al Parlamento por Sevilla, ha puesto de relieve que "estas trabas" en el acceso a la Justicia que el Gobierno del Estado pone a los empresarios contrastan con las medidas anunciadas por la presidenta y candidata del PSOE a la Junta, Susana Díaz, destinadas a "agilizar los requisitos y procedimientos para los empresarios y emprendedores, para que puedan crear una empresa en dos días y través de un solo trámite".
A su juicio, la rectificación del Gobierno del PP retirando las tasas para las personas físicas "no es suficiente y demuestran al mismo tiempo el fracaso estrepitoso de las políticas de Justicia en una legislatura perdida para solucionar los grandes problemas que padece este servicio público".
La ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, "ha concitado también el "rechazo unánime de todos" los sectores y profesionales de la Justicia que exigen, igualmente, su retirada ahora para el sector empresarial, según recuerda.
De Llera ha señalado que las tasas suponen "una flagrante vulneración de principios constitucionales esenciales, como el de igualdad o el de acceso a la tutela judicial efectiva y además han tenido únicamente un efecto recaudatorio para las arcas del Estado".
En este sentido, ha criticado que los más de 54 millones recaudados en Andalucía por estas tasas "no se hayan dedicado a financiar la justicia gratuita, como así se contemplaba en uno de los artículos de la propia ley".
