La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación (Cecap-A) acerca del uso de fondos públicos en la Comunidad que debían ir destinados a formación para el empleo, fondos cifrados por esta organización en unos 848,9 millones de euros.
La patronal de las empresas privadas de formación de Andalucía (Cecap-A), presentó el pasado mes de enero un escrito en la Fiscalía andaluza, en el que aportaban todos los datos al respecto de las transferencias recibidas por la Junta de Andalucía, así como de partidas presupuestarias aprobadas, para satisfacer buena parte de las políticas activas de empleo en la Comunidad desde el año 2012 a 2014.
Cecap ha recordado que en concreto estas partidas fueron transferidas desde la Secretaria General de Estado de Empleo para cursos de formación, pues iban destinadas a cubrir las necesidades formativas de los desempleados y trabajadores en la Comunidad.
En ella Cecap-A exponía que "no hay rastro de ese dinero que el consejero de Educación, Luciano Alonso, debía haber invertido en Andalucía". La patronal puso entonces en conocimiento de la Fiscalía que en los años 2012, 2013 y 2014 "no se han llevado a cabo por la Junta de Andalucía ni una sola convocatoria pública para la ejecución de acciones formativas, de trabajadores ocupados o desempleados, que puedan servir de base para el gasto y justificación de las cantidades transferidas a esta comunidad autónoma para tal fin".
En una nota, Cecap estima que la cantidad exacta que la Consejería de Educación podía haber invertido en la Comunidad en la mejora y cualificación de los desempleados asciende a 848.997.477,00 euros "pero a día de hoy no se tiene constancia de que dichas partidas presupuestarias de fondos finalistas se hayan aplicado".
Cecap-A ha lamentado que, "tras años solicitando información sobre el destino de estos fondos, no ha obtenido respuesta alguna por parte de la Administración presidida por José Antonio Griñán, ni después por Susana Díaz", por ello la directiva de la federación ha decidido ponerlo en conocimiento del Alto Tribunal de Andalucía, para que "se investigue dónde está el dinero, qué uso se ha hecho de él, y en su caso, para que se depuren responsabilidades si se demuestra un mal uso de los fondos destinados a los desempleados".
La patronal de las empresas de formación se congratula que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía proceda a la investigación de los hechos denunciados, ya que "estos fondos públicos cuyo destino legal es la formación como política de fomento del empleo, permite adaptar a las exigencias del mercado a los desempleados, aumentando así las posibilidades de empleabilidad".
