El instructor ha pedido al pleno del Tribunal de Cuentas que resuelva absolver a IULV-CA de la infracción de percepción de donaciones no identificadas por las que se investigó a la formación al considerar acreditado el origen de los fondos recibidos y la finalidad que éstos perseguían.
La fiscalización hace referencia a las donaciones de 2010 no prescritas y a las de 2011, que tienen un importe de 93.817 euros, y en el informe, consultado por Europa Press, el instructor de la causa considera que, con la documentación aportada, los extractos bancarios y las certificaciones de los servicios del Parlamento de Andalucía, "resulta acreditado el origen de los fondos recibidos", que fueron la propia cámara autonómica y los parlamentarios de IU.
Asimismo, ve acreditado el objetivo que esas donaciones querían "dar satisfacción a la petición deducida por los miembros de la formación de remitir a las cuentas del grupo las deducciones de sus retribuciones por los importes".
En esa línea, el informe que el instructor eleva al pleno del órgano fiscalizador insiste en que tras las alegaciones realizadas por IULV-CA y la prueba, "consta identificado el origen de todos los asientos contables origen de las presentes actuaciones y no se aprecia que la formación hubiera acepado donaciones no identificadas".
Cabe recordar que el pleno del Tribunal de Cuentas acordó en mayo del año pasado la apertura de expediente sancionados contra IU en Andalucía como presunto responsable por la aceptación de donaciones no identificadas por importe de 136.417 euros, recibidas en 2010, y 93.817 euros, en 2011. Siete meses después se declaró caducado el expediente por haber transcurrido el plazo para resolverlo sin que hubiera sido adoptada decisión alguna y se ordenó la incoación de un expediente sancionador por las donaciones recibidas en 2010 que no hubieran prescrito y en 2011.
La nueva resolución es fruto de las alegaciones de IU, que aporta documentos bancarios, asientos contables y más documentación para demostrar que las cantidades provenían de las detracciones que se efectuaban a los parlamentarios autonómicos, en cumplimiento de las obligaciones que los estatutos de la propia formación imponen a los cargos públicos como cuotas y aportaciones.
