La Junta de Andalucía ha negado hoy que las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas en los cursos de formación supongan un "fraude masivo" y ha afirmado que unos 660 expedientes, el 8,5 % de los 7.785 que se tramitan, tienen resoluciones de reintegro firmes, cuya cantidad no ha detallado.
Los datos han sido ofrecidos por el titular de Educación, Luciano Alonso, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, a petición del PP e IU, para informar sobre las presuntas irregularidades cometidas en los cursos de formación a raíz de las recientes detenciones realizadas por la Policía Nacional en la Operación Edu.
Según el consejero, de los 7.785 expedientes que se están tramitando en este momento, 5.568 corresponden a expedientes en requerimiento de información y reintegros en sus diferentes fases, mientras un 8,5% de los mismos tienen resoluciones de reintegro firmes, cuya cantidad no ha detallado.
Del total de expedientes traspasados (8.505) el 91,5 % se está tramitando.
En su anterior balance, a mediados de diciembre pasado, la Junta reclamaba un total de 20,8 millones de euros por subvenciones concedidas para cursos de formación para el empleo cuya utilización no ha sido debidamente justificada, tras haber analizado un 80,6 por ciento de los expedientes.
El consejero, que ha dicho que su comparecencia tiene que ver con el inminente comienzo de la campaña de las elecciones andaluzas, ha cifrado en más de 400 las iniciativas parlamentarias escritas respondidas por él, y en más de 35 las veces que ha intervenido sobre los cursos de formación en el Parlamento.
Sobre las exceptuaciones, ha aclarado que dicha figura, recogida legalmente, no supone que se exima del deber de justificar las ayudas otorgadas, sino que permite a las empresas concurrir a convocatorias públicas sin haber justificado las anteriores, y ha asegurado que en 17 meses no ha firmado "ni una sola resolución" de exceptuación.
Entidades de todo tipo fueron objeto de las exceptuaciones realizadas en el pasado (corporaciones locales de todos los signos políticos, ONG, pymes, sociedades anónimas o cooperativas, entre otras), según el consejero.
La Junta "es la primera interesada, como parte afectada, en que se puedan esclarecer todos los casos en los que se hayan utilizado fondos públicos de manera delictiva", ha aseverado Alonso, que ha cifrado ya en 13 las causas en las que la Administración autonómica se ha personado.
No obstante, ha rechazado la "criminalización" al conjunto del sector de la formación profesional en Andalucía y ha acusado al PP de hacer una "causa general" con este caso para sacar "rédito político".
El portavoz del PP, Carlos Rojas, ha acusado al consejero de "ocultar" al Parlamento información sobre este caso y ha sostenido que un paso adelante para la transparencia hubiera sido la comparecencia de la presidenta, Susana Díaz, como pretendía su partido.
"Su ausencia supone una cobarde despedida política y la Junta debe explicar quién asume responsabilidades por el fraude", ha sostenido.
José Antonio Castro, portavoz de IU, ha criticado el "enfado" del PSOE por la comparecencia del consejero cuando esta "debería verse como un hecho de normalidad democrática", a lo que ha añadido que Díaz "debería haber dado la cara".
Además, ha acusado Alonso dejar "demasiadas preguntas sin respuestas" sobre el acceso a las subvenciones para la formación.
Por su parte, el portavoz socialista, Mario Jiménez, ha opinado que Alonso no tendría que haber comparecido por tratarse de una situación "irregular, anormal" por la disolución de la Cámara, lo que ha achacado a un "ardid" del PP e IU de tratar de "forzar y retorcer" el reglamento.
"Esto responde al intento de ambos de someter el funcionamiento del Parlamento a la estrategia que iniciaron cuando la presidenta anunció el adelanto electoral", ha censurado.
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