El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha asegurado a las familias españolas "pueden estar muy tranquilas" al dejar a sus hijos en la Iglesia porque han hecho suya la carta del Papa Francisco en la que les pide que no prioricen el deseo de evitar un escándalo ante los casos de abusos a menores.
Preguntado por el caso del religioso detenido en Lugo por presuntos abusos, Gil Tamayo ha indicado que la respuesta del obispo y de los franciscanos ha sido "exquisita" y ha subrayado que la Iglesia española actúa en las claves marcadas por el Papa Francisco de "tolerancia cero, colaboración absoluta con la justicia y cercanía a las víctimas" y que por tanto las familias pueden estar "muy tranquilas".
"Las familias pueden estar muy tranquilas", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que la Iglesia "está haciendo todo lo posible para que sus hijos, esos millones de niños en manos de la Iglesia" estén protegidos. Así se ha pronunciado en referencia a la carta del Papa Francisco en la que pedía a los obispos las familias pueden confiar en la Iglesia y estar seguras de que protege a sus hijos.
SECRETO DE CONFESIÓN
Además, Gil Tamayo ha dado a conocer un protocolo que la CEE envió a los obispos en 2010 para actuar ante los casos de abusos sexuales.
En este documento se establece que cuando una autoridad eclesiástica tiene conocimiento de un delito contra la integridad sexual bajo secreto de confesión, "no existe encubrimiento ni infracción legal" al no denunciarlo.
En este sentido, el portavoz de la CEE ha precisado a Europa Press que en caso de que un sacerdote revelara el secreto de confesión sería excomulgado. Lo que sí puede hacer durante la confesión este sacerdote es sugerir a la persona que se está confesando que acuda a la Policía.
"Pese al deber de denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento, no existe encubrimiento ni infracción legal alguna al no denunciar un delito del que se ha tenido conocimiento bajo secreto de confesión", ha explicado, para subrayar que si es fuera de la confesión "sí se mantiene la obligación de declarar".
Además, ha precisado que tampoco tienen obligación de declarar como testigos en procesos civiles o penales respecto de hechos de los que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio ministerial, un principio de derecho que, según ha añadido, se reconoce a todas las confesiones en España.
En el protocolo, se contemplan también otros dos supuestos, el caso en que una persona denuncie agresión o abusos sexuales ante la diócesis y el caso en que el denunciante acuda directamente a la Policía. En ambos supuestos, según ha apuntado Gil Tamayo la Iglesia acompaña a las víctimas pero tampoco olvida el derecho de presunción de inocencia del acusado.
Concretamente, en el supuesto de que la víctima acuda a la diócesis a denunciar una agresión, el protocolo establece que se entrevistará al sacerdote denunciado para cerciorarse de la veracidad de la denuncia, se contactará con un abogado y si hay indicios del hecho delictivo se invitará a la víctima a denunciar a la Policía, mientras que si existen dudas de la veracidad de los hechos o se sospecha que se fundan en rumores, se procederá con máxima cautela.
Por otro lado, si la persona acude directamente a la Policía, la Iglesia debe colaborar con las autoridades y en caso de que el sacerdote acusado reconozca los hechos, se tomarán medidas cautelares de apartamiento, se asegurará su defensa jurídica y si queda en libertad provisional, se determinará su lugar de acogida.
Gil Tamayo ha indicado que los fieles tienen derecho a "una ejemplaridad pública" por parte de los miembros de la Iglesia pero ha precisado que en sus casi 23.000 parroquias, con sus 19.000 sacerdotes, 1.321 seminaristas, 860 monasterios y más de 46.000 religiosos, tienen su "cuota de debilidad pero no todo el pecado del universo".
Sobre el caso de Granada, ha puntualizado que no puede pronunciarse sobre la actuación del arzobispo porque el caso está 'sub judice', pero ha insistido en "la tolerancia cero, la colaboración con la justicia y la cercanía a las víctimas".
PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
En cuanto al proyecto de Ley de Protección de la Infancia que podría establecer que catequistas y sacerdotes que trabajan con menores deban presentar un certificado de antecedentes penales, Gil Tamayo ha afirmado que estarían atentos a la norma para que el Estado no se convierta en un "legislador eclesiástico".
"Observaríamos la ley, estaríamos atentos para que no haya intromisión y que el Estado no se convierta en un legislador eclesiástico, como el Estado tiene que estar atento para que la Iglesia no dicte las leyes, y no queremos hacerlo. Nunca va a haber esa tentación por nuestra parte", ha subrayado durante la rueda de prensa final de la CEE.
Según ha recordado, hay miles de catequistas en España y cada año se celebran más de 245.000 comuniones con su proceso catequético. Además, ha indicado que en el ámbito de la enseñanza cuentan con 122.000 profesores.
"La Iglesia no es un chiringuito que se ha puesto en una esquina, lleva 2000 años aquí", ha exclamado, para enumerar la actividad caritativa, social, educativa y cultural que realiza.
Por ello, ha afirmado que la Iglesia va a actuar "en libertad, en legalidad, con independencia y en colaboración" apostando por "una sociedad de cohesión, pacificada, de libertad y de respeto a los derechos humanos". Según ha precisado, sus relaciones con el Estado están en estas claves de "independencia y colaboración".
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