Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han ratificado este miércoles su informe sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía y han puesto de manifiesto que el sistema de concesión de ayudas establecido "era fraudulento" según la definición que incluye la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, que define "fraudulento" como "engañoso y falaz".
Una vez han ratificado su informe, y según han informado a los periodistas fuentes del caso, la juez Mercedes Alaya les ha preguntado en primer lugar si se han leído el 'contrainforme' pericial elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago a instancia de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán.
Los cuatro peritos, tres de los cuales son licenciados en Derecho y el cuarto en Química, han asegurado que se lo han leído y ello "no ha cambiado" su opinión, ya que se trata "de un informe de parte, con los sesgos e interpretaciones que tiene un informe de parte," y contiene "muchos errores", uno de ellos en cuanto "a su teoría sobre las transferencias de financiación".
En este sentido, han asegurado que "el uso que se hizo de las transferencias de financiación en la fase de presupuesto y de ejecución era inadecuado de acuerdo con la Ley" y han puesto de manifiesto que el antiguo IFA "usó ilegalmente dichas transferencias para el pago de las ayudas".
HASTA TRES PROBLEMAS
Los peritos de la Intervención han indicado, a preguntas de la magistrada, que ellos encuentran hasta tres problemas en el sistema ideado, como son "de índole presupuestario, de gestión por parte de la Consejería de Empleo de los créditos y en el control de la concesión de las subvenciones", ya que "se impidió la fiscalización previa".
Tras remarcar que la Junta "no es competente" en materia laboral, los peritos han indicado que la Administración autónomica aprobó un total de 263 ayudas, de las que únicamente 77 "eran derivadas de un ERE", mientras que el resto "no tenían nada que ver" con esto último.
Los peritos, asimismo, han señalado que los "responsables" de la creación del sistema serían el antiguo IFA, la Consejería de Empleo y la Consejería de Economía y Hacienda, "por su intervención necesaria y precisa para que esta realidad se pueda constituir".
LA "PIEZA CLAVE" PARA LOS IMPUTADOS
Antes de comenzar la ratificación de su informe, los peritos han informado de sus estudios y de su trayectoria profesional, señalando que entre los cuatro suman 94 años de experiencia en el control de las administraciones públicas y 33 años de experiencia en el sector privado en asuntos contables y financieros.
La comparecencia se está celebrando en una sala de vistas y no en el despacho de la juez Mercedes Alaya debido a la asistencia de una treintena de abogados personados en la causa, en la que hay imputadas 266 personas para las que este informe es "la pieza clave", tal y como lo ha calificado la propia magistrada.
Antes de comenzar la ratificación, el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, ha planteado una cuestión previa en la que ha cuestionado que no se trata de un informe pericial, pues "quien tiene que decidir sobre la legalidad o no" del sistema "es la juez", a la que ha atribuido "una dejación de funciones" sobre el particular, cuestión que ha sido rechazada de plano por la magistrada.
