El Tribunal de Cuentas ha pedido a los tres exdirectores de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera más de 64,3 millones de euros por su responsabilidad contable en el caso de los ERE fraudulentos, concretamente, más de 46,3 millones de euros para el primero, casi 14,8 millones para el segundo y más de 3,2 para el tercero, según una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.
Los representantes legales de los tres han comparecido este martes ante el Tribunal de Cuentas durante unas tres horas en las que han conocido el acta de liquidación provisional del alcance contable por su supuesta implicación en el caso de los ERE, así como los intereses.
El tribunal fiscalizador investiga este asunto tras una denuncia que formuló el PP-A en el año 2011 por los ERE con el objetivo de que este órgano depurase responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados.
Durante su comparecencia ante el magistrado, los abogados de los tres exdirectores han mostrado su disconformidad con el acta de liquidación que recoge esas cantidades en una serie de alegaciones que, no obstante, no han modificado la postura de Cuentas.
El tribunal fiscalizador ha recordado a los abogados que no le corresponde "la apreciación de la ausencia de culpa, dolo o negligencia, cuestión que deberá ser objeto de valoración, en su caso, en la fase jurisdiccional. Además, subraya que tampoco corresponde a la instrucción de Cuentas valorar "las circunstancias en las que se produjo la adopción de las decisiones administrativas ni su relevancia para la protección de los intereses sociales".
En cuanto a la postura de los exdirectores, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha mostrado su disconformidad con el acta y, en declaraciones a los periodistas, ha mantenido que considera que las responsabilidades que se atribuyen a su defendido, han prescrito.
Según recoge la resolución de Cuentas, consultada por Europa Press, además, Guerrero "nunca abonó comisión ni regular ni irregular ni abusiva ni de ningún tipo a entidad o comisionista alguno". "Solo concedió ayudas sociolaborales como subvenciones excepcionales una vez autorizadas por el Parlamento de Andalucía", ha defendido su abogado.
Ademas, según las afirmaciones del letrado, "prueba de la normalidad institucional y jurídica es que en ningún momento fue cuestionada su gestión por la Cámara de Cuentas de Andalucía", pese a transcurrir en un periodo de casi once años, ni tampoco "los partidos políticos recurrieron la fórmula conocida, ni el Gobierno de la nación". "En definitiva, no se ha cometido por mi representado el hecho de la concesión de pago de comisiones", ha aseverado.
También los representantes legales de Daniel Rivera, José Estanislao, y Juan Márquez, Manuel Pérez Cuajares, han manifestado su disconformidad con el acta incidiendo este último en que su defendido "tuviera conocimiento o llevara a cabo actuación determinante de hechos concretos constitutivos de menoscabo de fondos públicos".
Tras su comparecencia ante el órgano fiscalizador, De Pablo ha sido preguntado por si consideran que los altos cargos de la Junta estaban al tanto de las supuestas irregularidades contables y éste ha señalado que "indudablemente" las conocían.
En esa línea, ha mantenido que cree que la investigación "debería subir un poco más" en el organigrama institucional y no quedarse en los cargos de los directores generales.
Por último, en el acta de liquidación provisional se recoge que la representación del PP-A también ha manifestado su disconformidad con ésta al considerarla "incompleta" por el "obstruccionismo y la falta de colaboración" de la Junta de Andalucía, siendo, además, esta institución "la perjudicada por el menoscabo de fondos públicos".
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