La Junta de Andalucía ha recurrido el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares insistió en solicitar los informes adicionales realizados por la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas de la Junta como Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa o la RTVA para poder determinar si ha podido existir "paralelismo" con lo acontecido en la agencia IDEA.

   Fue el pasado 23 de diciembre cuando la juez Mercedes Alaya dictó un auto en el que tomaba dicha decisión, lo que ya fue recurrido por los servicios jurídicos de la Junta y que motivó que la propia Fiscalía Anticorrupción solicitara a la instructora que aclarara la resolución y delimitara "el objeto y finalidad" de la diligencia solicitada, tras lo que Alaya dictó un segundo auto insistiendo en ampliar su investigación a las referidas empresas públicas.

   En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta lamenta "desconocer" el escrito del fiscal solicitando la aclaración del mencionado auto "al no haber dado traslado del mismo", no obstante lo cual señala que, en el mismo, la juez "amplía la fundamentación del requerimiento efectuado expresando que la prueba resulta útil y necesaria para constatar en relación con el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas si ha habido otros informes adicionales por parte de la Intervención" en relación con estas empresas.

   La representación jurídica de la Junta indica que "la ampliación del razonamiento de documentación referida a otras empresas públicas de la Junta que están siendo investigadas" por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla supone, "como dijimos en el anterior recurso, un exceso de competencia" por parte de la magistrada "por venir atribuido el conocimiento de las diligencias acordadas" a Instrucción 16.

"INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA"

   "Al mismo tiempo, si la investigación afecta a miembros de anteriores Consejos de Gobierno pudiera no ser de la competencia del Juzgado su investigación por tener los presuntos investigados aforamiento", asevera la Junta, que añade que "también pusimos de manifiesto que no es razonable ni legal ampliar la investigación a hechos que no guardan conexión con la presente causa, lo que sin duda da lugar a una investigación prospectiva, siendo así que en nuestro ordenamiento jurídico están prohibidas las investigaciones generales".

   La Junta recuerda asimismo "los riesgos derivados de la dilación de la investigación".

   "Como quiera esta parte ha recurrido el auto de fecha 23 de diciembre de 2014, en pura coherencia recurre este también en la medida en que su razonamiento jurídico es el mismo pero ampliado, y solicita la acumulación del presente recurso de apelación al recurso interpuesto contra" el auto de diciembre, concluye.

   La instructora rechazó aclarar aunque aseveró que "no existe inconveniente alguno en ampliar la fundamentación acerca de la razonabilidad" de lo solicitado en dicho auto, lo cual se ha pedido "sólo a los efectos de la presente investigación", consistiendo la prueba "en la aportación de los informes adicionales que haya realizado la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas de la Junta".

CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

   Esta información, según la juez, "resulta útil y necesaria para constar el alcance sobre el uso de tal partida presupuestaria para la realización de encargos de ejecución y subvención excepcionales, pues tal uso fue evidenciado en los Presupuestos anuales realizados por la Intervención de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre las actuaciones de fiscalización permanente sobre dichas empresas en los ejercicios 2005 a 2007, las cuales fueron elevadas a la Consejería de Hacienda, y por ésta al Consejo de Gobierno, quien aprobó tales actuaciones".

   La juez Alaya asevera que "esto ya por sí solo pondría de manifiesto el indiciario conocimiento del uso generalizado de las transferencias de financiación por parte del consejero de Hacienda y altos cargos de dicha Consejería, así como por el Consejo de Gobierno".

   "Por ello, conociendo el contenido del informe adicional elaborado por la Intervención General respecto a IDEA, resulta de especial trascendencia conocer los informes adicionales que se hubiesen elaborado respecto de estas otras empresas, razón por la que se solicitó a la Junta de Andalucía la aportación de dicha documental", subraya.

   La juez, al hilo, reclamó a la representación legal de la Junta que, en el plazo de cinco días, "presente la documentación reclamada" en el auto de 23 de diciembre, señalando que una vez reciba dicha documentación decidirá sobre la petición de la acusación que ejerce el PP-A para que se cite nuevamente a declarar como imputado al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y para que se reciba declaración testifical a la exinterventora general Rocío Marcos Ortiz.