Los agentes locales de promoción y empleo (ALPE) han pedido que la Junta de Andalucía cumpla las sentencias, favorables al colectivo, y resuelva su situación antes de las elecciones autonómicas.
Fuentes de este colectivo han indicado a Europa Press que actualmente estos agentes pretenden mantener reuniones con todos los grupos políticos "sin distinción", puesto que "queremos que nuestro problema salga a la luz pública, pero no queremos politizar el asunto". Lamentaron que por el momento "el PSOE no nos quiere recibir".
Asimismo, han recordado que el consejero de la Presidencia y ahora vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, "nos prometió que antes de finales de este mes tendríamos una solución".
"Al menos queremos que esto esté resuelto antes de que acabe el mandato electoral y se celebren las elecciones", han agregado las fuentes, quienes dejan claro que el colectivo "no puede estar a expensas de mensajes y promesas electorales".
Han recordado que llevan "dos años y medio pendientes de una solución, y la queremos ya, pues hace un año que sale la primera sentencia del Tribunal Supremo".
Este colectivo, que agradeció a IU "sus esfuerzos y los apoyos desde dentro del gobierno andaluz", ha advertido de que prevén organizar nuevas movilizaciones si no obtienen una respuesta positiva.
Asimismo, han precisado que "las oficinas de empleo están totalmente vacías y no dan servicio y podíamos estar trabajando allí". Además, han añadido que "ya hay seis compañeros con sentencias de ejecución, pero la Junta no acata las sentencias ni cuando son firmes, por lo que pedimos al Gobierno andaluz que no mienta más ni a nosotros ni a los andaluces".
Han recordado que hay 800 familias pendientes de una solución y han recordado que "la Justicia va a seguir su rumbo, por lo que pedimos a la Junta que no ponga piedras en el camino".
Han indicado que la situación de los ALPE "genera un perjuicio para las 800 familias afectadas, a las arcas públicas andaluzas que seguirán pagando 70.000 euros diarios", de manera que aseguran que "ya van más de 50 millones en salarios de tramitación, con el consiguiente colapso de los servicios judiciales".
