Las elecciones andaluzas del 22 de marzo coinciden con la instrucción de varios casos por presunta corrupción en la Junta de Andalucía, como los ERE fraudulentos o las anomalías en los cursos de formación, ambos instruidos por la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Respecto a los ERE, que acumula 229 imputados, los nueve políticos andaluces señalados por la juez están pendientes de las decisiones que tomen el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a los que Alaya envió sendas exposiciones razonadas por la calidad de aforados de todos ellos.
El Supremo investigará lo relativo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así de los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías (diputados) y Mar Moreno (senadora).
El TSJA, por su parte, lo hará con los exconsejeros socialistas Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio.
El Supremo recibió el caso el verano pasado y estaba previsto que el instructor del caso de los ERE de este tribunal, Alberto Jorge Barreiro, tomara declaración a las personas aforadas implicadas el próximo febrero.
El TSJA, por su parte, no tomará ninguna decisión respecto a los cuatro aforados andaluces hasta que se constituya el nuevo Parlamento, cuando preguntará a la Cámara si los cuatro exconsejeros mantienen o no esa condición.
La práctica procesal es que los altos tribunales no interfieran con sus investigaciones en los procesos electorales.
En su exposición razonada al Supremo, la juez Alaya plantea en que existen indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.
Manuel Chaves presidió el Gobierno andaluz desde 1990 a 2009 y José Antonio Griñán lo hizo desde esa fecha hasta agosto de 2013, cuando dimitió para evitar la "erosión" que el caso de los ERE fraudulentos podía suponer para la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.
El otro caso que afecta a la Administración andaluza y que instruye la juez Alaya se refiere a los cursos de formación, en el que hay dos exconsejeros imputados, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.
Este caso está pendiente que se diriman las peticiones de apartar a la instructora del caso hechas por los abogados defensores y de la acusación de la Junta, lo que no apoya la Fiscalía Anticorrupción.
En este caso, la juez tomó declaración en octubre pasado al testigo clave en el caso, Teodoro Montes, antiguo responsable de formación ocupacional, al que preguntó si el PSOE se financiaba con los fondos que la Junta de Andalucía transfería para las acciones formativas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), de carácter publico.
La petición de apartar a la juez de este caso se basa en que Montes habría declarado que el juzgado de Alaya le señaló que denunciara las presuntas irregularidades ante la Guardia Civil y posteriormente el juzgado sevillano abrió la causa por unos hechos que investigan otros órganos judiciales de varias provincias andaluzas.
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