Un exalto cargo de la Junta de Andalucía ha reclamado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que le de traslado de la exposición razonada que elevó el pasado mes de agosto al Tribunal Supremo y donde exponía los indicios existentes contra nueve aforados 'preimputados' en la causa, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
De este modo, la defensa del exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2004 José Salgueiro ha recurrido la providencia en la que la juez Mercedes Alaya denegó su petición para que le diera traslado de una copia de dicha exposición razonada bajo el argumento de que el imputado "no alegó la necesidad de la misma".
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exalto cargo explica que, "frente a lo indicado" por la instructora, "esta parte sí alegó la necesidad del traslado de la mentada exposición razonada", una "necesidad que, por otra parte, en nada difiere de la que sí motivó el traslado de dicha exposición" a la Fiscalía Anticorrupción, como es "poder realizar las alegaciones que se tengan por convenientes respecto de la competencia del Supremo".
Al hilo, subraya que "esta necesidad se puso de manifiesto" en un escrito que presentó en octubre de 2014, "en el que expresamente se indicaba que el traslado de la exposición razonada era solicitado para poder realizar las alegaciones correspondientes respecto de la competencia o incompetencia del Supremo en la causa en la que se encuentra imputado" el propio José Salgueiro, según reza el recurso consultado por Europa Press.
"Más allá de la cuestión relativa a los aforamientos de determinados presuntos responsables en los hechos investigados, lo que preocupa a esta parte en el ámbito competencial es lo que, con ajustados términos, ha señalado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto", y es "si existiendo un tribunal superior competente para instruir y enjuiciar la causa por razón de un aforamiento, éste atraería la competencia para el enjuiciamiento de los no aforados".
"INDEFENSIÓN"
Esta cuestión "afecta con claridad" al imputado, alega su defensa, que critica que "la falta de traslado de la exposición razonada hurta a esta parte la posibilidad de ser escuchada en la determinación de tan trascendental cuestión, vulnerándose así el derecho de defensa, provocando efectiva indefensión", y ello por cuanto el Supremo "resolvería sobre su competencia oídos únicamente el Ministerio Fiscal y la propia magistrada, pero obviando las alegaciones del resto de las partes personadas".
La representación legal de Salgueiro explica que fue el 4 de septiembre cuando pidió una copia de la exposición razonada, una petición que "no fue contestada expresamente" por la juez, quien, ante una petición similar de la representación procesal de Altadis, denegó la misma alegando que "es el Tribunal Supremo quien debe conferir traslado a las partes personadas".
Por este motivo, la defensa de Salgueiro se personó ante el Supremo y solicitó el traslado de la exposición razonada "al objeto de que pudiéramos ser escuchados en relación con la cuestión competencial promovida" por Alaya ante el Alto Tribunal, lo que fue rechazado por el Supremo.
ALAYA PIDE OPINIÓN A LA FISCALÍA
Tras ello, solicitó nuevamente en octubre a la juez Alaya dicha exposición razonada, "indicando puntualmente el iter procesal seguido ante el Alto Tribunal", un escrito en el que "igualmente se dejaba denunciada la vulneración del derecho de defensa y la efectiva indefensión derivada de la falta de traslado de dicha exposición", pero Alaya rechazó dicha petición "al no alegarse la necesidad de la misma".
La juez ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que da un plazo de dos días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que "aleguen por escrito lo que estimen conveniente".
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