En abril del pasado año, el grupo municipal del PP del Ayuntamiento presentó una querella contra la alcaldesa por supuesta prevaricación después de que bloqueara a través de un decreto los procedimientos de embargos, con lo que se perdieron, según los ‘populares’, más de nueve millones de euros.
El viceportavoz del grupo, Miguel Segovia, resaltó, en su momento, que “ninguna autoridad puede ir en contra de la ley”. En ese sentido, recordó que desde la firma del decreto, el 20 de junio de 2007, hubo “numerosos” requerimientos de los técnicos municipales del Servicio de Recaudación “advirtiendo del peligro de prescripción” de los recibos impagados.
No obstante, el fiscal fundamenta que para que haya un delito de prevaricación debe haber una resolución ilegal, dolo en la actuación y lesión de un bien jurídico, requisitos que no se aprecian en el caso.
Cuando se conoció la querella, la alcaldesa, Carmen Peñalver, lamentó que el PP actuara contra ella por “intentar terminar con una mala práctica política”, con las que “a vecinos se les quitaba el dinero de sus cuentas sin que previamente se supiera en los servicios municipales si ese vecino debía dinero al Ayuntamiento”.
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