La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta ha sancionado con 1,62 millones al BBVA por incumplir la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes.
En este caso el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es de 27, y estos inmuebles se encuentran en las provincias de Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos).
La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida.
Esta obligación fue establecida en el artículo 20m la Ley de Vivienda Protegida, que fue introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda.
Según la Consejería, estas viviendas no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socio-económicos para el acceso bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
"El dinero público es lo que permite construir una vivienda protegida, que debe ser siempre para una familia que la necesita y cumpla los requisitos. Las VPO ni se acumulan, ni sirven para la especulación", ha afirmado en el comunicado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda.
La resolución de la Consejería cierra así con una sanción de 1,62 millones un expediente abierto por la Consejería en febrero de 2013, tras haber desestimado las alegaciones presentadas por la entidad financiera.
Este departamento ha culminado ya sanciones a otras dos entidades financieras por el mismo motivo: al Banco Popular, de 5,82 millones por 87 viviendas, y al Sabadell, con una multa de 120.000 euros por dos viviendas.
Además, la Consejería mantiene abiertos expedientes sancionadores a otras cinco entidades financieras por un total de 3,48 millones: Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por 2 viviendas).
Estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.
También ha sancionado la Consejería de Vivienda con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas.
Y mantiene abierto otro procedimiento contra la Sareb por 11,7 millones por incumplimiento del artículo 20m, al supuestamente no haber puesto 98 viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes.
La Ley de Medidas para asegurar la función social de la vivienda no fue impugnada por el Gobierno en su totalidad sino sólo algunos preceptos como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.
Sin embargo, los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes, según la Consejería.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
