El PSOE teme que el proceso de centralización de contratos de determinados servicios por parte de las administraciones públicas acabe provocando una concentración de la oferta y, por ende, perjudicando a las pymes, destruyendo puestos de trabajo y degenerando en una menor competencia.
Así lo señala en una proposición no de ley que será debatida por el Pleno del Congreso, en la que los socialistas expresan su "preocupación" por las "posibles consecuencias irreversibles" que podría conllevar esta creación de contratos centralizados en los que está trabando el Gobierno.
La iniciativa, que recoge Europa Press, reconoce las "ventajas" de aplicar economías de escala para suministros y contratos de gran volumen, pero advierte de que "puede ser un arma de doble filo si con ello se expulsa de la licitación pública a las pymes y se elimina empleo".
"Sin duda, el objetivo de racionalizar la contratación y encontrar el punto óptimo en el que existe la mejor calidad de servicio al mejor precio debe ser un objetivo a perseguir por la Administración. Pero en este caso, lo que podría suponer un ahorro limitado y temporal, puede convertirse a la larga en un coste mayor económico, social y para las arcas públicas", apunta el principal partido de la oposición.
EXIGENCIAS "INALCANZABLES"
Y es que la licitación de contratos de gran volumen y precio puede hacerlos "inalcanzables" para las pequeñas y medianas empresas, que acabarían desapariciendo y, con ellas, los puestos de trabajo que sustentan.
Eso provocaría un "debilitamiento del tejido empresarial" además de una menor competencia que, "paradójicamente", podría acabar provocando "abusos de posición dominante" y, en el medio plazo, un sobrecoste por la reducción de ofertantes.
"Resulta cada vez más evidente que el Gobierno se ha preocupado mucho más de defender los intereses de las grandes corporaciones empresariales que los de la pequeña y mediana empresa. Pero el necesario proceso de racionalización en los contratos y suministros de la Administración General del Estado no debe implique la desaparición irreversible de la competencia y de las pymes", insisten los socialistas.
DIÁLOGO SOCIAL
Por todo ello, en su proposición no de ley exige al Gobierno que inicie "con carácter inmediato y previo a cualquier decisión sobre contratación pública", un proceso de diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de consumidores para conocer su postura respecto de este tema.
Además, el PSOE aboga por valorar diferentes alternativas de centralización y racionalización de contratos "teniendo en cuenta como elementos a salvaguardar la garantía de la calidad de bienes y servicios contratados, la reducción de costes y el mantenimiento del empleo y de la competencia efectiva en cada uno de los sectores".
Finalmente, reclama que las decisiones en este ámbito garanticen la competencia, algo para lo que es requisito 'sine qua non' que las pymes puedan pujar por los contratos públicos.
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