La legalización de las viviendas asentadas de forma irregular en los diseminados es un debate que ha vuelto a abrirse esta semana con la reunión mantenida por las federaciones vecinales que aglutinan a quienes viven en estas antiguas Emas y los responsables municipales, que aunque en principio descartaron adelantar cualquier normalización de estas construcciones, en el Pleno se anunció por parte de la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, que la hora de iniciar la negociación será a partir de la aprobación provisional dos del Plan General, previsto para el próximo año.
El equipo redactor del documento, Territorio y Ciudad, tiene muy claras las ideas al respecto, como ya las ha adelantado el director de la empresa, el arquitecto Miguel Ángel González Fustegueras. En el documento previo del Plan incide en los mecanismos para regularizarlas, unas ordenanzas municipales que especifiquen las condiciones, los compromisos y las exigencias que se plantearán a los interesados, tanto de forma individual como a sus asociaciones. Es el único marco jurídico urbanístico general, entiende el arquitecto, que permitiría la regulación urbanística de las 4.289 viviendas ilegales que recoge la aprobación provisional una del documento, aunque el informe de incidencia territorial emitido por la Junta de Andalucía rebaja esa cantidad a algo más de tres mil. En todo caso, el suelo afectado por estas parcelaciones irregulares alcanza los 3.767.546 metros cuadrados, es decir, un 17,4% de la totalidad del suelo urbano y un 75% del suelo urbano no consolidado. En base a estas cifras, el equipo redactor del Plan entiende que el problema “adquiere una dimensión social ante la que la solución más lógica y razonable pasa por la integración”.
Pero quienes se beneficien de la regularización deben asumir unos compromisos, y en eso ya ha hecho hincapié González Fustegueras en todas sus intervenciones públicas al asegurar que no puede haber amnistía. La propuesta pasa, entonces, por que los beneficiarios participen en los costes derivados de la instalación de las infraestructuras y de la obtención de las dotaciones que precisan los diseminados. “Es un principio irrenunciable del proceso”, se señala en el documento no sólo para que la ejecución de esta medida sea económicamente viable sino, también, por “solidaridad o compensación de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento”, una de las bases del sistema urbanístico contemplado por ley.
ineludible la sanción
Territorio y Ciudad no es partidario de eliminar las sanciones económicas que se les impone a los vecinos por construir ilegalmente, un aspecto que ha levantado ampollas entre las federaciones vecinales que reúnen a este colectivo, que han alertado de los graves perjuicios que suponen las multas coercitivas impuestas a los propietarios.
Entiende el equipo técnico que el expediente sancionador en aquellos casos en los que la infracción urbanística no ha prescrito es “absolutamente ineludible para no crear amnistías fraudulentas y recuperar la pérdida credibilidad en la legalidad, ni instigar a que se sigan produciendo infracciones legalizables”. No obstante, sí apunta a colación que la sanción se puede modular “con las circunstancias concretas que deriven de la aprobación del planeamiento”.
Pero sin duda en lo que incide en varias ocasiones el documento es en la necesidad de que el ayuntamiento refuerce los medios para que se respete la legalidad urbanística, mejorando la inspección y detectando las infracciones con la mayor rapidez posible para evitar mayores y nuevos problemas.
las hipotecas
La existencia de parcelaciones ilegales es una hipoteca para la ciudad que limitará el diseño final, según TyC, que destaca sobre todo las dificultades que entraña la articulación de una ruta viaria racional, por lo que entiende que se tendrán que habilitar rutas alternativas. La oferta de dotaciones y espacios libres también se verá afectada, al igual que la capacidad para desarrollar una oferta turística de excelencia.
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