La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y subvenciones arbitrarias, ha solicitado a la Intervención General del Estado que reclame al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe "en el plazo más breve posible" sobre la cuantía individual y la normativa estatal aplicable en el caso de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía como ayudas sociales a los extrabajadores de Delphi.
En un auto dictado este pasado lunes y recogido por Europa Press, la juez Alaya aborda el expediente de regulación de empleo extintivo promovido en 2007 para destruir la plantilla de la planta gaditana de Delphi Automotive Systems España, formada por 1.520 trabajadores. El acuerdo que zanjaba este ERE, sellado entre la administración concursal de la empresa y los representantes de la plantilla, incluía indemnizaciones por valor de 120 millones de euros "íntegramente pagadas" por Delphi.
Pero en paralelo, la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, USO y CGT firmaron un protocolo, seguido de un total de "16 desarrollos" hasta el 2 de noviembre de 2011, acordando "medidas económicas y formativas para mitigar la incidencia del ERE", medidas siempre con destino a los extrabajadores indefinidos y eventuales de Delphi, así como a los empleados de su denominada industria auxiliar.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
En este marco, los presupuestos estatales y autonómicos para el ejercicio 2008 incluyeron planes específicos para el empleo y la competitividad de la Bahía de Cádiz y, así, el 5 de diciembre de 2008 el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía firmaron un "convenio de colaboración" para la promoción de un "plan de empleo" en la Bahía de Cádiz, gracias al cual el SPEE subvencionó, al 50 por ciento con la Junta de Andalucía, y por importe de 47,5 millones de euros, acciones de formación para el empleo, promoción del autoempleo o de "apoyo directo a la creación de empleo".
Del mismo modo, para los extrabajadores de Delphi y de su industria auxiliar, "se incluyeron acciones" para la actualización de sus "competencias profesionales" y "de carácter social, garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellos trabajadores que teniendo cumplidos los 53 años de edad, presenten mayores dificultades de inserción", toda vez que el citado convenio de colaboración tendría rango de "base reguladora de subvenciones". En octubre de 2009 las partes firmaron una adenda a dicho convenio y ya en noviembre de 2010, firmaron un "nuevo convenio con idéntico objeto", por el que el Estado "financió con 18 millones las medidas citadas y la Junta aportó seis millones de euros".
En este punto, la juez expone que aunque los convenios descritos "poseen el carácter de bases reguladoras de subvenciones (...), no concretan los contenidos mínimos que deben reunir las bases reguladoras, ya que entre otros aspectos, no detallan la cuantía de las posibles ayudas a conceder a los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar", toda vez que "las normas que establezcan las bases reguladoras de subvenciones en materia laboral deberían ser las dictadas por el Estado, correspondiendo a la comunidad autónoma exclusivamente su ejecución y control".
LA NORMA QUE RIGE
Ante este escenario, y a través de este nuevo auto, la juez solicita a la Intervención General del Estado que consulte a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social "qué norma estatal debe ser aplicada como derecho supletorio para determinar la cuantía de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en base a los convenios descritos, en lo relativo a las ayudas de carácter social garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellos trabajadores que teniendo cumplidos los 53 años de edad, presenten mayores dificultades de inserción", incluyendo en esta consulta "la cuantía individual de dichas subvenciones".
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