La juez Mercedes Alaya, en la investigación de los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos, considera en uno de sus últimos autos que la citada compañía habría pagado al PSOE "dádivas" por valor de unos 123.000 euros y también dádivas a IU-CA por importe de unos 155.000 euros.
La operación Enredadera, derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o del actual portavoz municipal de IU-CA, José Manuel García, quien ha decidido renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense tras ser imputado por la juez.
En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
LOS TESTIMONIOS
En paralelo, uno de los empresarios de Fitonovo ha declarado ante la juez que el concejal del PP Gregorio Serrano pidió supuestamente a Fitonovo que instalase "gratis" un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", en Dos Hermanas, y el funcionario municipal Francisco Amores ha declarado que cuenta con documentación que podría afectar al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), quien ha presentado en su contra un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por injurias graves o calumnias.
Ya el pasado 28 de noviembre, la juez dictó un nuevo auto en el que examina de nuevo los hechos y considera, entre otros aspectos, que de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo se desprendería que los directivos de la empresa habrían pagado a IU-CA unos 155.000 euros "por la adjudicación de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla", adjudicados en abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) cuando José Manuel García (IU-CA) era concejal de Deportes y Antonio Rodrigo Torrijos primer teniente de alcalde. Antonio Miguel Ruiz Carmona, también de IU-CA, habría sido el encargado de recoger el dinero, siempre supuestamente.
La juez habla además de "dádivas al PSOE cuando el mismo ostentaba el gobierno municipal", porque el socialista Manuel Gómez Lobo, cuando era concejal de Vía Pública, habría reclamado tal aspecto como "compensación" por la adjudicación de contratos, demandando además el "pago de las obras de adecuación de la sede de la Agrupación socialista Macarena", valoradas en 2.766 euros. La juez, en ese sentido, enumera diferentes y presuntos pagos de Fitonovo en favor del PSOE, por valor de 3.000, 30.000 y 60.000 euros, "llegándose a abonar la suma de 123.000 euros".
Igualmente, y entre otros muchos casos, alude al exconcejal del PP Joaquín Peña, quien "intervendría en las negociaciones entre Fitonovo y Albaba, en relación al segundo lote del contrato (municipal) 400/212 que concluirían en la venta por esta última a Conversa (vinculada a Fitonovo) de su participación en la unión temporal de empresas (UTE)" adjudicataria del contrato, tras lo cual Peña "adquiriría un Volkswagen Passat por 21.046 euros del que abonó 6.600 euros y el resto supuestamente sería pagado por Fitonovo o por ambas empresas".
FIANZAS CIVILES
La parte dispositiva del auto, de cualquier modo, fija toda una serie de fianzas civiles para varios de los imputados. Para José Antonio González Baró, director de Fitonovo desde 2011, impone una fianza civil de 5.780.128 euros; para Ángel Manuel Macedo, adjunto a la dirección, 2.477.197 euros; para Juan Andrés Brugueras, director comercial de Fitonovo, 4.954.395 euros; para Pablo Pulido Cuadrado, directivo de Fitonovo, 32.435 euros; para Pablo Pérez Benedicto, consejero delegado de la empresa, 239.488 euros; para Ramón Perza Muñoz, 28.400 euros; al ingeniero Carlos de Lecea 59.872 euros; a Manuel José Huertas 61.600 euros; a la empleada de Fitonovo Alicia Alonso 3.689 euros; 2.064.331 euros para Carlos Javier Gamito y 109.687 euros para Adolfo José de la Torre.
