La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento líneas de ayudas al alquiler de vivienda, la primera de ellas dotada con 4,3 millones de euros, destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad social y con muy pocos ingresos.
En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, en materia de vivienda, la presidenta ha señalado que, a principios de 2015, el nuevo Plan marco de vivienda y rehabilitación de Andalucía va a permitir atender, sobre todo, a las familias que están en mayor riesgo de exclusión social.
Respecto a esas líneas de ayudas al alquiler de vivienda, la presidenta ha explicado que también va a permitir a los ayuntamientos pasar sus VPO de venta a alquiler, porque parte del gasto de ese arrendamiento lo va a asumir la Junta.
Ha anunciado además otra convocatoria para ayudar a las familias con ingresos de menos del 2,5 veces el Iprem y ha señalado que la Junta va a complementar los recursos del Gobierno central en más de 41 millones de euros en lo que respecta al Plan estatal de vivienda para permitir que en esta comunidad se invierta 180 millones en rehabilitación de vivienda.
Durante su intervención, la presidenta ha defendido la Ley de Función social de la vivienda --actualmente recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional-- como una norma que iba a dirigida a atender las necesidades de las familias y un derecho que hace que su vida sea más digna. Tras lamentar que no hayan contado con el apoyo del PP-A en esta materia, Díaz, que ha apuntado que tiene muy pocas esperanzas en que el Gobierno central escuche a la Junta y retire el recurso, sí ha pedido al TC "celeridad" para que cuanto antes una "norma como esta permita a un Gobierno sensible con la gente poder proteger a las familias".
Para Díaz, el Gobierno central se basó "en falsedades" para recurrir la ley, como que afectaba a la Sareb, el banco malo, el cual, después de comprar cientos de miles de viviendas a los bancos, no las pone a disposición de los ciudadanos, según ha apuntado.
La presidenta ha destacado como otra línea de la política de vivienda de la Junta la consecución de un modelo de ciudad sostenible, donde sea compatible rehabilitar centros históricos y núcleos urbanos con revitalizar las barriadas socialmente. En este objetivo son fundamentales, según ha apuntado, la rehabilitación y el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética.
Asimismo, la presidenta ha defendido el sector de la construcción, que algunos han "demonizado", como un instrumento al servicio de la transformación de modelo productivo andaluz. Ha señalado que es el momento de poner en valor lo que está haciendo la Junta, apostando por la rehabilitación del parque de vivienda y por la búsqueda de la eficiencia en el consumo energético, combinando el plan de vivienda con el decreto de construcción sostenible, que está creando empleo.
Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA también ha defendido la Ley de función social de la vivienda, aprobada por la Junta el pasado año, y ha lamentado el recurso, en base a "datos falsos", del Gobierno central contra dicha norma.
"Los patriotas de banderitas de España en la pulsera y jaguar en el garaje se pusieron de parte de la banca privada, bajo la excusa de la inconstitucionalidad de la ley", según Castro, que ha señalado que no iban a aceptar que la izquierda les asestara un golpe de justicia social tras una crisis de la que ha salido ganando la banca en todas sus batallas.
Ha señalado que han tenido que pasar más de 30 años de autonomía y que IU entre en el Gobierno andaluz para que éste ponga "en su sitio a los bancos por incumplir con la función social de la vivienda". Ha agregado que el nuevo Plan marco de vivienda de Andalucía supondrá un cambio radical de modelo con respecto a las políticas que se han venido desarrollando conforme al anterior texto, que "fue aprobado con una excesiva dependencia del sector financiero".
