El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha reclamado a la magistrada Mercedes Alaya que remita testimonio de los expedientes originales vinculados a subvenciones concedidas al sindicato que tenga en su poder con motivo de la investigación del fraude en los cursos de formación.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 9, Juan Jesús García Vélez, solicita además a la Junta de Andalucía que remita testimonio en CD de los expedientes originales correspondientes a subvenciones otorgadas a UGT-A entre 2009 y 2013 "que se encuentran en la sede" de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo ubicada en la calle Conde de Ibarra de Sevilla.
En este sentido, el magistrado acuerda librar exhorto al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "a fin de que, en igual formato, remita testimonio de los expedientes originales que obran en dicho Juzgado" en el marco de las diligencias previas 966/14, donde la juez Mercedes Alaya investiga el presunto fraude en los cursos de formación, según la providencia consultada por Europa Press.
El pasado 3 de octubre, el juez pidió a la Junta que "identifique a la mayor brevedad todos y cada uno de los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación de 2009 a 2013 y que tengan como beneficiaria a la entidad UGT Andalucía", un requerimiento al que la Junta "ha dado cumplimiento", dice el juez ahora, que le pide que remita un CD con testimonio de estos expedientes.
Con esta providencia, el magistrado atendía la petición realizada por la defensa del exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, imputado en la causa y que solicitó la entrega de dichos expedientes al entender que "en los mismos existía legalmente un tanto por ciento de la cantidad del mismo con un máximo del 20 por ciento al que se podían aplicar gastos directos y costes asociados", en alusión a la Orden de 13 de octubre de 2009, que regula el decreto 335/2009.
LA PETICIÓN DE FRESNEDA
En su escrito, la defensa de Fresneda realizó esta petición "para poder contrastar las facturas" existentes en los "informes-atestados" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las cuales "por empleados del sindicato y a través de correos electrónicos se había solicitado el cambio del texto a los proveedores con remisión del cargo a estos programas".
Todo ello, según exponía en su escrito el letrado de Federico Fresneda, "al objeto de comprobar si están bien aplicadas las correspondientes facturas en las que se modificó el texto para aplicarlas a un programa subvencionado y aclarar si son falsas o no, o si están bien o mal aplicadas", ya que "en la imputación de cualquier delito no se puede generalizar, sino concretar el mismo directamente, ya que en caso contrario se crearía indefensión al imputado del delito".
No obstante, el instructor rechazó el resto de peticiones realizadas por el abogado del imputado, como que se oficiara a distintas entidades bancarias --BBVA, Caixabank y Caja Granada-- para que indicaran los préstamos otorgados entre los años 2009 y 2013 a UGT-A "con la garantía de las subvenciones concedidas por la Junta" al sindicato, o que se oficiara tanto a la Junta como a UGT-A para que aportaran al Juzgado todos aquellos expedientes que administrativamente se estén reclamando por la Junta a UGT-A y aquellos en que el sindicato "ha devuelto cantidades" a la Administración autonómica.
En la providencia, el magistrado no consideraba "pertinente" la práctica de estas últimas diligencias porque, según recuerda, en este caso se está investigando "la presunta existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y diferentes proveedores, a fin de que, de forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato vías de financiación para la práctica de acciones propias del mismo, vías que son distintas del destino que los fondos deberían haber tenido, en concreto la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado, según subvenciones públicas recibidas".
"Todo ello sin perjuicio de que, una vez conste el autos el resultado de la diligencia primeramente acordada, y del análisis de la documentación incautada, sea procedente valorar de nuevo la pertinencia de la documental" solicitada, ponía de manifiesto el juez instructor.
