Actualizado: 21:45 CET
Jueves, 05/12/2019
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La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha acudido a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la avenida Tomás García Figueras

En relación a la querella por prevaricación y apropiación indebida interpuesta por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos, a raíz del secuestro del servicio por parte del Ayuntamiento en 2012.

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Fue la propia regidora del PP en Jerez quien tras conocer la presentación de la querella manifestó que dicha denuncia “carece de fundamento”, máxime cuando la actuación del Ayuntamiento en lo que respecta al secuestro del servicio de autobuses urbanos ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y también por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez.
  En este sentido, dejaba claro que “no hay ningún tipo de imputación”,  sino que se trata de una querella por parte de estas sociedades que “son avalistas de Urbanos Amarillos”, y hay “unas cuestiones internas entre ellos de lo que son sus relaciones contractuales”. Asimismo, resaltaba entonces que el Ayuntamiento procedió al secuestro del servicio “con un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía”.
  A este respecto, en este tipo de procedimientos aclaró que “la ley habilita al Ayuntamiento que recupera el servicio a mantener, que no a quedarse, los bienes que estén afectos a dicho servicio", que es lo que hizo el Consistorio para poder seguir prestándolo. En la actualidad, como ha reiterado la alcaldesa, se está “en proceso de liquidación del contrato con Urbanos Amarillos” y, en el momento en que se produzca la finalización de ese proceso, cada una de las partes tendrá que saldar con la otra las cantidades que, en su caso, tenga que saldar.

Asimismo, el Gobierno local del PP ha expresado también su “absoluta tranquilidad” ante esta querella, que confía en que sea archivada. Tienen claro que objetivo de la querella en cuestión por parte de Urbanos Amarillos es  “presionar” en el proceso de liquidación que se está llevando a cabo con la empresa tras rescatar el servicio en mayo de 2012 en un proceso “ajustado a derecho” como así lo han fallado varias  sentencias judiciales.

Por cierto que a la llegada a los juzgados de García Pelayo, una representación de los 260 trabajadores municipales despedidos, han increpado a la regidora con gritos y pancartas.

 

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