La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 3.491.385,98 euros que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares impuso a un abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís que habría "blanqueado" las ganancias "ilícitas" obtenidas por "su empleado", el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza el recurso interpuesto contra la fianza civil que le impuso la juez Mercedes Alaya por el imputado, José Luis Leal, que alegó que no concurre ningún indicio del que se pueda derivar su posible participación en los delitos que se le imputan.
Según la Audiencia, en el recurso no se discute que su despacho habría "facilitado un fraude a la Junta" mediante el pago de "primas, sobrecomisiones, ayudas sociolaborales e inclusión de ERE" en distintas empresas, ascendente a 26,1 millones de euros, sino que se discute su participación en la "trama fraudulenta que se investiga, alegándose que el artífice y partícipe en esa trama lo fue exclusivamente su hermano, Carlos Leal".
El tribunal considera que su condición de socio y administrador mancomunado del despacho le "obligaba, no tan solo a tener un conocimiento general de la marcha de la empresa, sino también a tomar decisiones que comprometían a la empresa", entre las que destaca "la contratación de Lanzas como colaborador de la empresa con la fijación de un sueldo mensual".
Añade que Lanzas "se encargó de realizar las 'gestiones necesarias' con los imputados de la Consejería de Empleo para lograr la aprobación de ERE en los que participó Estudios Jurídicos Villasís".
La Audiencia también alude al "trasvase de dinero consistente en los ingresos que se recibían en las cuentas corrientes de la empresa, procedentes de Uniter, es decir, de la aseguradora que gestionaba parte de las pólizas colectivas en las que había intervenido Estudios Jurídicos Villasís, para abonarse a las personas, incluidas en ERE, que indicaba el director general de Empleo".
Asimismo, cita "los pagos realizados por Uniter a Estudios Jurídicos Villasís de unos tres millones de euros" y "las transferencias realizadas a empresas del coimputado Lanzas, al amparo de servicios ficticios prestados por esas empresas a Estudios Jurídicos Villasís, para de ese modo blanquear dinero tanto Lanzas como el recurrente y sus socios".
La Audiencia dice que "parece" que Uniter pagó al despacho del imputado en el periodo 2004-2010 un total de 3,7 millones, según la Agencia Tributaria; 2,2 millones en el periodo 2006-2010 conforme a las cuentas de Estudios Jurídicos Villasís; 3,5 millones en este mismo periodo según las cuentas de Uniter, y 2,5 millones en el periodo 2005-2007 conforme a las operaciones bancarias analizadas por la Guardia Civil.
"Parece que el volumen de dichos ingresos no puede pasar desapercibido a una persona que es socia y administradora de la empresa beneficiaria de los mismos, máxime si se tiene en cuenta que parte de esos ingresos se realizaba directamente a la cuenta corriente denominada 'Socios de Estudios Jurídicos Villasís', asevera la Sala.
INDICIOS
A esto último se añade que, "en tal condición de socio-administrador mancomunado debía tener pleno conocimiento de las sumas de dinero que de las cuentas de la empresa se transferían a empresas del señor Lanzas por ficticios trabajos realizados por esas empresas a la suya, máxime si se tiene en cuenta que Lanzas era a la sazón trabajador por cuenta ajena a la empresa del apelante".
Por todo ello, "concurren indicios de los que se infiere que necesariamente participó en los hechos que se investigan relativos a Estudios Jurídicos Villasís", dice la Audiencia, que confirma la fianza civil dados los "severos indicios" existentes contra el imputado.
En definitiva, concluye que José Luis Leal, "en su condición de socio y administrador mancomunado de Estudios Jurídicos Villasís participó en la comisión de los hechos investigados del modo que recoge el auto que se recurre, colaborando en la trama fraudulenta en virtud de la cual la Junta, mediante el pago de primas, sobrecomisiones, ayudas sociolaborales e inclusión de intrusos en ERE de empresas, pagó 26,1 millones de euros".
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