La portavoz de Empleo del PP-A en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz Sillero, acusa a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "proteger" a UGT-A en lugar de a los andaluces en el caso del supuesto fraude en las ayudas a la formación profesional con el único objetivo de "autoprotegerse" ella y, de paso, al PSOE-A, de las "irregularidades que se han cometido" al otorgar ayudas y subvenciones públicas a dicho sindicato.

   Así lo ha manifestado Ruiz Sillero, en declaraciones a Europa Press, tras comprobar que, "una vez más", el Consejo de Gobierno no le contesta a una de las preguntas que ha registrado en el Parlamento andaluz sobre este caso y que, en su opinión, "demuestra que no quieren informar" del procedimiento de reintegro que han iniciado con UGT-A "porque algo quieren ocultar".

   Concretamente, la parlamentaria se refiere a una pregunta para respuesta escrita que registró el pasado mes de junio y a la que el consejero responsable de la materia, Luciano Alonso, le ha contestado a finales de septiembre con una "no respuesta", es decir, sin darle la información que le solicitaba.

   Ruiz Sillero le cuestionó por los primeros tres expedientes de reintegro a UGT-A que Alonso anunció públicamente en una comisión parlamentaria el 22 de mayo. "¿Qué subvención se otorgó en cada uno de los expedientes referidos y cuál la fecha de concesión de las mismas y de su publicación en el BOJA? ¿A cuánto asciende el importe de la cuantía del reintegro en cada uno de los tres expedientes?", le interrogó la 'popular'.

   La respuesta obtenida, "cinco meses después", ha sido la de que, "por seguridad jurídica y por evitar daños y perjuicios no deseados a terceros, el gabinete jurídico de la Junta ha avalado la posición de no publicar o dar a conocer datos de las entidades hasta que no exista una resolución administrativa firme".

   Para la portavoz de Empleo del PP-A, se trata de "otro nuevo y continuo obstáculo" del consejero para impedir que los andaluces sepan "la verdad" de lo ocurrido con estas ayudas y subvenciones con la "excusa de la protección de datos", un argumento que no acepta porque, según recuerda, "a la Junta no le importó la protección de datos" cuando publicó este verano el listado de las entidades que habían sido exoneradas de justificación. Y eso que lo hizo, apostilla, sin tapar el CIF de las entidades físicas, algo que sí "que no se puede hacer" a diferencia del de las entidades jurídicas, que es lo que los 'populares' piden.

   "Lo que pedimos es completamente legal. Y si no lo dan es porque puede perjudicar a los intereses de la señora Díaz y a los intereses del PSOE-A", ha reiterado Ruiz Sillero para advertir, igualmente, que esta falta de información no puede tener otro objetivo que el de "autoprotegerse" de la "propia responsabilidad de la Junta en estas irregularidades".

LOS REINTEGROS DE LOS CONSORCIOS DE FORMACIÓN

   En este sentido, Ruiz Sillero ha querido llamar la atención sobre que la Administración autonómica ya se "está reclamando dinero a sí misma por actuaciones irregulares" en materia de subvenciones como ocurre "en el caso de la Faffe y de los Consorcios de Formación".

   Según ha explicado sobre estos últimos, la Junta "oculta" que ha abierto un expediente de reintegro tanto al CTI de San Fernando (Cádiz), al que le "reclama 3,5 millones de euros" por "hacer negocios con el entramado" de las empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda; y otro por valor de 3,8 millones al CIO de Mijas (Málaga). Es decir, que la Junta "se reclama a sí misma 7,3 millones", ha reprobado.

   Pese a ello, ha advertido a los responsables de la Junta de que el PP-A "no se va a callar" y va a seguir denunciando estas "irregulares por decirlo finamente", sobre todo, en lo relativo a las entidades públicas.

   De hecho, Ruiz Sillero ha seguido registrando preguntas relativas a las subvenciones a UGT en los últimos meses, la última, el pasado 16 de octubre para reclamar "la relación de expedientes con resoluciones definitivas de reintegro de subvenciones en materia de formación para el empleo" citadas por Alonso en la comisión parlamentaria de Educación de ese mismo día, cuando elevó a "más de 19 millones de euros la cifra cuya devolución" pide ya la Junta.

   De ellos, el PP-A quiere saber "el detalle de la entidad, número de expediente, objeto de la subvención, cuantía y fecha de pago de la misma, fecha de finalización del plazo de justificación de la subvención, importe reclamado en la resolución del reintegro, causa o motivo del mismo y fecha de notificación de la resolución de reintegro".