La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha confirmado este jueves que las "relaciones institucionales" de su sindicato con la Junta de Andalucía "están rotas" como consecuencia de la "causa general" que, a su juicio, ha emprendido el Gobierno andaluz contra el sindicato, pero éste sí va a estar con el Ejecutivo autonómico "en negociaciones que sean buenas para los trabajadores".
Así lo ha precisado la líder sindical en una rueda de prensa en Jaén a preguntas de los periodistas acerca de la decisión de UGT-A, conocida la pasada semana, de no acudir a actos institucionales organizados por la Junta ante el "trato injustificado e inmerecido" del Gobierno andaluz hacia el sindicato a raíz de elevar a 15,3 millones de euros la cantidad reclamada por "presuntas irregularidades" dentro de los procedimientos de revisión de subvenciones.
A este respecto, Castilla ha insistido en señalar que el sindicato va a "seguir luchando en las negociaciones de los convenios" y "trabajando por el bien de los trabajadores en mesas de negociación de convenios importantes para trabajadores", si bien "existe una ruptura de relaciones".
En ese sentido, ha argumentado que el sindicato querría que las relaciones "fueran fluidas", pero "cuando se nos abren 36 expedientes de reintegro sin causa justificada, todos al mismo tiempo, en cinco direcciones generales, en diferentes consejerías, y que algunas distan en el espacio, tenemos que hacer todo lo posible por defender nuestra organización".
Así, ha indicado que UGT-A "institucionalmente no quiere fotos". "Nunca las hemos querido", ha puntualizado Castilla, que ha recordado que "en marzo" la presidenta de la Junta convocó a los líderes de CCOO-A, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a ella misma para "retomar el modelo de concertación social", y de aquello solo ha quedado una "foto", que, en su opinión, "no sirvió para nada", porque dicho modelo "no se ha retomado".
"Institucionalmente no estaremos al lado de la Junta", ha subrayado la secretaria general, porque "las relaciones en ese nivel están rotas, digan lo que digan", pero el sindicato sí estará "sentado en mesas que por derecho y representatividad este sindicato tiene", y la organización que lidera "no va a consentir ningún atropello laboral que pueda sufrir cualquiera de sus afiliados o los trabajadores".
"UN ATAQUE DESMESURADO"
Para argumentar por qué considera que la Junta ha cometido un "ataque desmesurado" contra UGT-A, Castilla ha aludido a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, donde, según ha explicado, se refleja que "para abrir una causa contra administrados se necesitan de unas causas tasadas y específicas".
En ese sentido, se ha cuestionado "en qué artículo" de dicha ley está la "alarma social" que, según ha lamentado, esgrime el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, como causa para justificar el inicio de expediente de reintegros de ayudas concedidas a UGT-A.
De igual modo, ha llamado la atención sobre el hecho de que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, "dice que no puede dar nombre de organizaciones que se encuentran investigando" en el caso de los presuntos fraudes en cursos de formación "porque alega a la Ley Orgánica de Protección de Datos", una norma que "curiosamente sí protege a esas organizaciones y no a UGT-A".
Además, se ha preguntado por qué se reclaman esas ayudas "solamente a UGT, y por qué el 100 por cien de las subvenciones". "¿Todo lo hemos hecho mal?", se ha preguntado Castilla, que además ha aseverado que "los primeros expedientes corresponden al año 2008", lo que le ha llevado a cuestionar "qué ha hecho la Junta en esos seis años", aludiendo a la "labor de vigilancia y control" que, en su opinión, debería haber desarrollado aun en el caso "improbable" de que el sindicato "lo hubiera hecho todo mal".
Así las cosas, la líder de UGT-A ha defendido que el sindicato se ha ido "al contencioso-administrativo" para exponer "por qué cree que esto es una causa general", algo que está "totalmente prohibido en el Derecho español", y se está produciendo "un ataque desmesurado" a la organización".
SITUACIÓN "COMPROMETIDA" ECONÓMICAMENTE
Castilla también ha explicado que la devolución de las subvenciones reclamadas a través de los 36 citados expedientes dejaría al sindicato en una situación "económicamente bastante comprometida", al tiempo que ha lamentado el "daño mediático" que, a su juicio, se le está haciendo al sindicato con una "tremenda campaña en contra".
Preguntada sobre si las ruptura de relaciones institucionales con la Junta afecta también a PSOE-A e IULV-CA por ser los partidos que conforman el Ejecutivo andaluz ha respondido que "es obvio" porque "el Gobierno de la Junta no es algo etéreo, está sustentado ideológicamente por dos partidos".
Pese a todo, ha reconocido que dichas formaciones "tienen interés en llegar al diálogo", y UGT-A también está "abierto al diálogo" y sus miembros son "personas dialogantes y democráticas", si bien ha concluido reiterando que "actualmente están rotas las relaciones" con la Junta porque "nos han dejado en este callejón sin salida".
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