De Mercasevilla a Madeja y luego a Enredadera. La que parece ser la última fase de la investigación que inició la jueza Mercedes Alaya por la venta irregular de los terrenos de la lonja central de Sevilla y que derivó en una trama de entrega de dávidas por parte de las empresas Fitonovo y Fiverde a funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, se ha saldado en esta ocasión con 32 detenidos, nueve de ellos fuera de Andalucía, y otra treintena de imputados, la mayoría funcionarios “corruptos” acusados de facilitar los contratos irregulares, aunque también hay responsables políticos y empresarios.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciaba a primeras horas de este martes una operación que se ha extendido por 13 provincias y se ha saldado con 32 detenidos: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz, además de Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas (Lanzarote y Gran Canaria) fuera de Andalucía.
Según fuentes del caso, la operación ha partido del análisis del disco duro incautado en su momento a Ángel Manuel Macedo, contable de Fitonovo. Según los investigadores, la estructura de la empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos. Aunque fuentes de la investigación apuntan a dádivas que rondan los 20.000 euros (unos 700.000 en total), en un caso concreto la cifra alcanzaría los 1,4 millones.
Mediáticamente el centro de la operación se localizó en la sede de la Diputación de Sevilla tras el registro del despacho del responsable de Carreteras, Carlos Podio, detenido finalmente. La propia institución reveló que una investigación interna “no detectó irregularidades en la tramitación de expedientes del servicio de Carreteras”. De hecho, Fitonovo, la empresa sobre la que pesan todas las investigaciones, nunca resultó adjudicataria de ningún contrato por la institución provincial sevillana. Aun así, la jueza Alaya ha emitido un requerimiento para que se le entregue una documentación que solicitaba a la Diputación.
Además de Carlos Podio, que acababa de incorporarse al trabajo “tras un año de baja”, entre los detenidos hay otro jefe de área de la Diputación, gobernada por el PSOE, Antonio Miguel Ruiz Carmona, ya exvocal de IU y que asesoró a Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde de Sevilla y al que según un directivo de Fitonovo le entregó 85.000 euros (70.000 de ellos en una caja de zapatos) antes de las municipales de 2011.
En cuanto a la trama inicial de Madeja, Alaya ha citado para ampliarles sus imputaciones a los directivos de Fitonovo y Fiverde. En una vista en la que, según fuentes del caso, se evidenció la “descoordinación entre el fiscal y la jueza Alaya”, finalmente se dejó en libertad a los acusados pero con fianza civil: dos millones para Rafael González Palomo y un millón para su hijo José Antonio González Barón; 500.000 euros para el administrador de Fiverde, otra empresa del grupo, y Ángel Manuel Macedo, y 200.000 para el exdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y exconcejal del PP, Joaquín Peña. Se da la circunstancia de que Peña, que declaró sobre las dos de la tarde, lo hizo acompañado de su letrado José María Calero, del mismo despacho que José María García Quílez, letrado de Enrique Domingo Castaño, otro de los imputados en la causa.
Fuentes del caso han explicado que los implicados se acogieron a su derecho a no declarar y que la petición de la fianza es mucho menor que la acordada en las fases iniciales de la investigación. Al cierre de esta edición quedaban por declarar Francisco Amores, Luis Huertas, Juan Andrés Brugera y Carlos Gamito, abogado interno de Fitonovo y, según fuentes del caso, posible administrador de sociedades vinculadas a Fitonovo.
Aunque no han trascendido datos del detenido en Cádiz, fuentes del caso sitúan el centro de la trama en Algeciras por el cobro de 300.000 euros en comisiones por parte de dos miembros del equipo de Gobierno anterior, esperándose detenciones en próximas horas.
Jaén se enreda con tres detenidos
La provincia de Jaén se ha visto salpicada por las ramificaciones de la empresa Fitonovo y tres de los detenidos de la Operación Enredadera son de la provincia. Dos funcionarios, el jefe de sección de Infraestructuras de la Diputación Provincial, un funcionario del Ministerio de Fomento, y un político, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Carolina (PP), que además se encarga de las concejalías de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales.
Los registros comenzaban a primeras horas de la mañana en tres puntos distintos. El primero, en el despacho del concejal carolinense, donde permanecían al cierre de esta edición y del que se han llevado papeles relacionados con la empresa Fitonovo, además de examinar su ordenador.
El alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín, se mostraba sorprendido de lo que estaba pasando y decidía regresar de Madrid en cuanto se enteraba del registro. Él mismo explicaba que con esta empresa se realizaron tres obras: el arreglo de un centro escolar, una pista de pádel y la más costosa y parece que origen de la polémica, la instalación del césped en el campo de fútbol.
Gallarín calificaba al detenido de “un señor entregado a su concejalía y a su trabajo”.
“Nada en apariencia parecía estar mal” en los contratos, incluso asegura que fue aprobado con los votos del PSOE en la mesa de contratación y la obra se realizó con una subvención al 50 por ciento del Gobierno andaluz.
Los otros registros, buscando contratos por obras de mantenimiento y servicios, se realizaron en el puesto de trabajo del funcionario del Ministerio de Fomento en la capital, y el tercero en el puesto de trabajo del funcionario, jefe de sección de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén. Este último salía detenido de dependencias de la administración provincial a media mañana, después de que en el registro de su despacho le pidieran distintos expedientes de contratación de obra.
Durante la tarde se ha estado tomando declaración a los detenidos en dependencias de la Guardia Civil, a excepción del concejal de La Carolina, que permanecía en su despacho del ayuntamiento junto a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Al cierre de esta edición, la UCO no había informado de los cargos que se les imputaban a los tres detenidos y si tras prestar declaración serían puestos en libertad o pasarán a disposición de la juez Mercedes Alaya.
Alaya ha dirigido esta operación, que es la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por la juez y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.
Detenidos tres funcionarios de Fomento en Huelva
La Guardia Civil ha detenido a tres funcionarios de la Consejería de Fomento y Vivienda en Huelva en el marco de la Operación Enredadera, que supone la tercera fase de la investigación de la operación Madeja que se está desarrollando por orden de la jueza Mercedes Alaya.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Efe que uno de los tres detenidos desarrolla su trabajo en el Servicio de Carreteras de la Delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda en Huelva.
La operación en esta provincia se ha centrado en esas dependencias de la administración autonómica, donde se han realizado registros, sin que se haya extendido a otros municipios de la provincia.
Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha asegurado que no le constan “irregularidades” en el servicio de Carreteras en la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Huelva. Según Fiscal, la UCO “ha analizado documentos y repasado algún ordenador” en la Delegación, indicando que esta situación “no es nada agradable”.
Mientras, en la provincia de Córdoba, los agentes de la UCO han detenido a tres empresarios y dos trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, después de que los agentes de la UCO que habían acudido a la Diputación de Córdoba para recabar información hayan concluido ya dicha recopilación de datos, en concreto sobre “diversos expedientes de contratación”.
Al respecto, fuentes cercanas a la Diputación han confirmado a Europa Press que, además de en el Área de Presidencia, dicha información ha sido recopilada en el Área de Régimen Interior, sin que haya trascendido si alguno de ellos se refiere o no a la sociedad Fitonovo, la cual es objeto de la investigación.
Las mismas fuentes han insistido en que, hasta ahora, no se ha practicado ninguna detención entre el personal o cargos de la Diputación.
Por último, una extrabajadora de Fitonovo, la empresa cuya actividad centra la operación Madeja, ya sido detenida en Granada. La mujer, de 39 años, al parecer se encuentra ahora en paro, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
La detenida, cuyo arresto no ha conllevado registro domiciliario, estaba a la espera de ser trasladada a Sevilla para prestar declaración.
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