El Grupo Parlamentario Popular va a pedir a la Junta de Andalucía que presente en este período de sesiones un proyecto de Ley del Buen Gobierno y el Estatuto del Alto Cargo y haga las modificaciones legislativas necesarias para ampliar las medidas de transparencia y control en la idoneidad y actividad de los altos cargos, entre ellas, la "publicación detallada" de sus retribuciones, "incluyendo utilización de tarjetas de crédito".
Lo hará el próximo jueves en el Pleno de la Cámara autonómica, donde defenderá una proposición no de ley en la que también reclama que se publiquen los gastos de los altos cargos relativos a representación, manutención, alojamiento, dietas, pluses de productividad, incentivos salariales, gastos de locomoción y atenciones protocolarias, así como los relativos a indemnizaciones por alquiler de vivienda, en concepto de mudanza o traslado de domicilio y de cualquier tipo abonadas por la Administración autonómica.
Junto a ello, el PP-A quiere una futura ley del Buen Gobierno que regule bajo los principios de "transparencia, ejemplaridad, idoneidad para gestión de los cargos directivos y asunción de responsabilidades", sus "obligaciones de comportamiento personal" en el uso de coches oficiales, hoteles, gastos en comidas y viajes y composición de gabinetes.
Entre otras cuestiones, los 'populares' reclaman un "régimen sancionador" que contemple infracciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas, la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública, la responsabilidad patrimonial del alto cargo que se derive por negligencia en la gestión y la inhabilitación por un período de entre 5 y 10 años.
Algunas de estas propuesta ya han sido defendidas públicamente por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha pedido también medidas en el ámbito institucional como la reducción de los miembros de los órganos de extracción parlamentaria (Consejo de Administración de la RTVA, Consejo Audiovisual de Andalucía, Defensor del Pueblo...), la limitación de los mandatos del titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía a un plazo máximo de 8 años y la convocatoria de elecciones autonómicas de forma separada.
CONTRA LA CORRUPCIÓN, UNA LEY DE SUBVENCIONES
Todas estas iniciativas las contempla el PP-A dentro de "un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas en la lucha contra la corrupción en Andalucía" que, a su juicio, es una reclamación de todos los andaluces en tanto en cuanto es "un problema que amenaza el futuro y la estabilidad de nuestro sistema democrático y que exige la superación de partidismos y un trabajo conjunto, hombro con hombro, para acabar con esta lacra".
"Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía no cabe ni la confrontación ni la resignación ni la inacción durante más tiempo ante esta lacra. Ya no valen las meras palabras, la grandilocuencia ante este problema: los ciudadanos andaluces reclaman hechos, responsabilidad y recuperación de lo robado", esgrimen al respecto los 'populares', quienes advierten de que "hay que actuar unidos ante este problema y lograr un acuerdo para la regeneración de nuestra democracia". "Los partidos políticos debemos actuar tanto impulsando la lucha contra la corrupción en nuestras instituciones públicas como en nuestro propio ámbito interno, dejando bien claro que no vamos a admitir ni tolerar ni un corrupto entre nosotros", añaden.
Por ello, también instan al Consejo de Gobierno a aprobar un proyecto de ley de subvenciones que "fije los criterios, procedimientos, controles y evaluaciones en la gestión, justificación y resultados" de todas las ayudas que se otorguen con fondos públicos y "en donde expresamente se prohíban las exenciones en su justificación".
Asimismo, el PP-A pide que se promuevan los cambios legales o normativos pertinentes para crear, por oposición, un cuerpo superior de interventores de la Junta de Andalucía, y para exigir la "total devolución de las ayudas concedidas por la Junta y sus entidades instrumentales que han sido indebidamente percibidas".
En la misma línea, reclama la identificación y comunicación a los órganos judiciales competentes de todos los beneficiarios irregulares, la "inmediata" justificación o reintegro de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo de transferencias y ayudas concedidas por la Junta, y la puesta en marcha de un régimen sancionador para aquellos cargos públicos que, por falta de responsabilidad y de diligencia en su labor, permitan que los libramientos pendientes de justificar prescriban.
MÁS CONTROL SOBRE EL PRESUPUESTO
Sobre materia presupuestaria, los 'populares' quieren que se obligue a remitir al Parlamento de Andalucía "un informe del impacto sobre los recursos del Presupuesto de la Comunidad de los numerosos casos de fraude de recursos públicos que están siendo investigados por instancias judiciales, con mención especial de aquellos gastos a financiar con fondos europeos, con la finalidad de explicar qué recursos están afectados, qué efectos podrían derivarse de dicha circunstancia y cuáles son las medidas puestas en marcha hasta la fecha por el Gobierno andaluz en materia de política presupuestaria, para no perder la cofinanciación europea".
También piden medidas encaminadas a "acelerar y garantizar la recuperación de la totalidad de los fondos públicos afectados a los deplorables fraudes que están siendo investigados por instancias judiciales, así como a impulsar los cambios normativos necesarios que obliguen a reflejar de manera transparente en el Presupuesto de la Comunidad la previsión de las cantidades que van siendo recuperadas a raíz de los expedientes de reintegro abiertos mediante aplicaciones específicas en el estado de ingresos, con la finalidad de aumentar la efectividad y transparencia del proceso".
NUEVA LEY DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Los 'populares' incluyen en esta proposición no de ley su ya reiterada petición de modificar la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, entre otras cosas, se pueda acceder en tiempo real a la base de datos de contratación administrativa de la Junta de Andalucía y a la de subvenciones, se aceleren los plazos de rendición de la Cuenta General, se reduzcan los consejeros, se incrementen sus medios materiales y humanos y se dote a la institución de capacidad de apercibimiento a las entidades locales que no rindan sus cuentas.
En este capítulo el PP-A también incluye la ampliación a todos los órganos y entidades integrantes del sector público de Andalucía de la obligación de remisión de los contratos que celebren cualquiera que sea su importe, la puesta a disposición del Parlamento del expediente de cada informe de fiscalización una vez aprobado el informe definitivo, la creación de la figura del Interventor de la Cámara de Cuentas, el refuerzo del carácter colegiado de la Cámara, y la aprobación el Plan de Actuaciones antes del 31 de diciembre.
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