Un total de 2,1 millones de andaluces, el 25 por ciento de la población, viven en 2013 en situación de exclusión social --697.000 hogares--, es decir, acumulan problemas con cierta intensidad en empleo, vivienda o salud. Asimismo, un millón de ellos vive en situación de exclusión severa --334.000 hogares--, lo que significa que acumulan problemas con mucha intensidad en las tres dimensiones antes citadas, y en consumo, política, educación y aislamiento y conflicto social.

   Además, Andalucía registra una tasa de exclusión del 38,3 por ciento, la segunda más alta de España, aun cuando otras regiones tienen niveles de renta superiores, y el núcleo central de la sociedad andaluza, al que se denomina integración plena, "es ya una estricta minoría" y representaba solo el 33,9 por ciento de los hogares en 2013 y al 30,9 por ciento de la población. Estos y otros datos se desprenden de un informe elaborado por la Fundación Foessa y Cáritas con datos correspondientes a 2013, y para el que se han realizado aproximadamente 650 encuestas en Andalucía.

   Dicho informe ha sido presentado este martes por el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo; el presidente de Cáritas Regional, Anselmo Ruiz; y Guillermo Fernández Maillo, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española, quien ha destacado que se trata de un informe "consistente" y "coherente", toda vez que precisa que "no es un informe de la crisis sino del modelo social anterior a la crisis, porque la crisis es fruto de ese modelo de crecimiento económico desaforado".

   Fernández Maillo ha manifestado que lo que más preocupa tras la elaboración de este informe es la exclusión severa, que en Andalucía tiene un "mayor impacto" que en el conjunto nacional. Así, indica que mientras que en España alcanza al 10,9 por ciento de la población, en el caso de Andalucía se eleva al 13,1 por ciento.

   Andalucía es una de las comunidades con mayor riesgo de exclusión social en España, del 38,3 por ciento, y "tiene que ver con las personas que viven por debajo de un determinado nivel de renta, la intensidad del empleo de las personas que viven en esos hogares y determinadas privaciones que se dan en hogares y familias", según Fernández Maillo, que alude también a que se ha producido un incremento de la desigualdad en Andalucía, con una evolución ligeramente superior a la de España, desigualdad que "ha crecido un 9,1 por ciento entre 2008 y 2012".

   "España y Andalucía se están acercando, de forma sistemática, a los límites de desigualdad más elevados para los países más desarrollados, teniendo Andalucía un índice ligeramente superior al de España", indica el coordinado de este informe, que subraya que los problemas de exclusión que "más afectan a la sociedad andaluza son los relacionados con el empleo, la vivienda y la salud". Además, los problemas relacionados con la educación afectan en mayor medida a los hogares andaluces que a los españoles, principalmente por una mayor prevalencia de hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no han ido a la escuela.

47% ANDALUCES SUFRE LA EXCLUSIÓN DEL EMPLEO

   Igualmente, la exclusión de la política tiene un peso muy inferior en Andalucía, debido al menor peso de la población extranjera sin derecho a voto y la mayor participación social. Sin embargo, en lo que respecta al empleo, el 47 por ciento de los andaluces sufre la exclusión del empleo, una tasa que según Fernández Maillo tiene mucho que ver "con los pocos esfuerzos en relación a la formación de los desocupados". Así, se detecta un elevado nivel de hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año, el 32 por ciento frente al 28 por ciento en España.

   En su conjunto, la tasa de intensidad en el empleo de los hogares andaluces es del 21 por ciento, muy superior a la del conjunto estatal, del 18 por ciento. Esto, según Foessa, se debe en gran parte a una alta proporción de hogares con todos los activos en paro, el 17 por ciento --11% en España-- y de hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más, el nueve por ciento --8% a nivel nacional--.

   En cuanto a la vivienda, Fernández Maillo resalta que "casi el 22% de hogares andaluces han recibido avisos de corte de luz, agua y suministros básicos" y uno de cada tres andaluces está afectado por factores de exclusión residencial --accesibilidad, educación, habitalidad y estabilidad en de la vivienda--".

   En el apartado de salud, una de cada cuatro personas se encuentra afectada por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en situaciones de privación y dependencia. De este modo, casi el 20,6 por ciento de hogares ha dejado de usar medicamentos porque no tienen dinero para seguir la prescripción de los médicos y para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales. Además, señala Fernández Maillo, "el 9% de hogares integran a alguien con problemas relacionados con salud mental o depresión".

   Del mismo modo, este técnico de Cáritas asegura que "el apoyo de las familias empieza a limitarse" y el 34 por ciento dice que "no cuenta con un apoyo a su alrededor". Al hilo de esto, ha manifestado también que los hogares en exclusión "acuden más a Cáritas que a los servicios sociales públicos", un extremo que "preocupa mucha" a la organización porque "estamos cumpliendo una función que no debemos cumplir de forma permanente".

"EN EL 50% DE LA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN EN ANDALUCÍA HAY NIÑOS"

   Otra de las ideas que desprende del informe presentado, es que la exclusión social afecta mayoritariamente a las familias con niños y jóvenes. Así, Fernández Maillo señala que "en el 50% de la familias en exclusión en Andalucía hay niños", al tiempo que apunta que el riesgo de exclusión social "se triplica en las personas extranjeras no UE15". Al respecto, señala que "ser inmigrante en Andalucía cuadriplica la posibilidad de exclusión respecto al resto del país".

   Del mismo modo, se duplica el riesgo de exclusión en los desempleados y las personas con un empleo irregular, y también es mayor en familias más extensas y en municipios de más de 100.000 habitantes, con un riesgo del 28,5 por ciento en localidades andaluzas con estas características.