El exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual, imputado en el caso ERE y que el pasado 26 de septiembre declaró ante la juez Mercedes Alaya que la aseguradora catalana Fortia Vida recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz", ha elevado un escrito a la magistrada en el que manifiesta su intención de ampliar su declaración y vuelve a insistir en el papel del PSC en el "entramado" de los ERE.
En el escrito remitido a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla con fecha de 16 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, Pascual, que estuvo más de un año en prisión por su implicación en este caso, pone de manifiesto que los ERE de Andalucía "han sido un instrumento para financiar y beneficiar a empresarios estrechamente vinculados al PSOE", fin "con el que se creó Fortia Vida".
A continuación, este exdirectivo de Vitalia señala que "en este entramado participaron cuatro partes", como son "varios dirigentes de la Junta gobernada por el PSOE; varios dirigentes del PSC; los socios de Fortia Vida --Apestegui Cardenal y otros--, que están estrechamente vinculados, incluso a nivel familiar, con la cúpula del PSOE", y "los sindicatos UGT y CCOO a nivel nacional".
"El señor Apestegui Cardenal es socio destacado de Fortia Vida y cuñado de Jesús Barderas, quien en República Dominicana es socio o administrador de empresarios estrechamente vinculados al PSOE", sostiene el imputado en el escrito.
En su declaración de septiembre, cabe recordarlo, el imputado también dijo que, de la Junta de Andalucía, "salen 100 millones para Fortia y de Fortia salen 18 millones al bolsillo de las sociedades de empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional, como Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigó y Eduardo Bajet".
Ahora, en el nuevo escrito elevado al Juzgado, Pascual precisa que Antonio Garrigó, socio de Fortia Vida, "le manifestó que realizó una donación a título personal a favor del PSOE por valor de tres millones de euros que equivalía al tres por ciento del importe que debía captar Fortia Vida".
"Las consecuencias de este pago fueron" que Fortia, "en compensación, recibió unos cien millones de euros de los ERE de la Junta", una cantidad que recibió "contra la normativa legal", dice el exdirectivo de Vitalia en su escrito, en el que asegura también que "18 millones de euros de los fondos públicos que la Junta aplicó a la financiación de los ERE han desaparecido en República Dominicana".
Pascual asegura en su escrito que "siempre se opuso a la política de inversiones de Apestegui Cardenal y sus socios", señalando que "el supervisor de seguros catalán, estando el Gobierno de Cataluña controlado por el PSC, autorizó la emisión de pólizas de Fortia en Andalucía y la inversión en República Dominicana", operaciones que "son ilegales según la normativa española de seguros y así lo ha manifestado la Dirección General de Seguros".
El imputado también dice que "Apestegui Cardenal y sus socios acordaron liquidar Fortia Vida" y "en el año 2009 provocaron su quiebra", de modo que "no se podría conocer quién estaba detrás de los 18 millones aportados por la Junta ni detrás de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales".
Finalmente, añade Pascual, "la Generalitat, gobernada por el PSC, tomó el acuerdo de liquidar Fortia Vida" e "imposibilitó el reflotamiento de la mutua mediante la ampliación de capital de más de nueve millones de euros a la que se habían comprometido los socios". "Con la desaparición de Fortia Vida se ha conseguido que la mutua no pueda reclamar la apropiación de 18 millones realizada por los socios de Fortia que están estrechamente vinculados con la cúpula del PSOE", alega.
Tras recibir el escrito, la juez Mercedes Alaya ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que da traslado tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al resto de partes personadas para que se pronuncien sobre la petición de ampliar su declaración solicitada por el exdirectivo de Vitalia.
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