El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá en comisión parlamentaria una proposición de ley en la que insta a la Cámara andaluza a reclamar a la Junta una moratoria en los procedimientos sancionadores por infracciones recogidas en la Ley de Aguas cometidas por ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA recuerda que la norma fijaba distintos plazos para el adecuado tratamiento de las aguas residuales urbanas cuando eran vertidas en aguas continentales mediante una Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar).
Según apunta el grupo parlamentario de IULV-CA, los pequeños municipios no están en disposición de poder asumir por si solos los grandes costes que estas instalaciones depuradoras suponen, debiendo acogerse a convenios y ayudas tanto de la administración autonómica, diputaciones provinciales como organismos de Cuenca.
"Las constantes sanciones que estos municipios vienen recibiendo de los organismos de la Cuenca suponen una traba más para poder acometer las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, dado que ocasionan una importante merma de la capacidad económica y financiera de los municipios", ha añadido.
Tras destacar que los entes locales se ven obligados a atender el pago de estas sanciones con cargo a sus presupuestos, "siempre muy ajustados", IULV-CA advierte de que esta "insostenible" situación no es "puntual ni transitoria", sino de carácter "permanente y constante".
"Se agravan progresivamente las trabas financieras para atender las necesidades de los municipios, entre las que se encuentran las competencias en tratamiento de aguas residuales y ello justifica la petición de suspender los procedimientos sancionadores en curso y una moratoria en la apertura de los nuevos", concluye IULV-CA.
