Sanz, que comparecía acompañado de la vicesecretaria de Política Social del PP-A, Rosario Soto, criticó la “vergüenza” que supone la actitud del Gobierno andaluz tras tener paralizada la aprobación de la Ley de Inclusión Social desde el año 2000 y el rechazo, hasta en tres ocasiones, de las propuestas legislativas presentadas por su partido.
Según el popular, la renta básica que conllevaría la aprobación de esta Ley serviría para paliar la situación de los 300.000 andaluces que no perciben en estos momentos ningún tipo de prestación social, por lo que están “abandonados por el sistema”, cifras que se unen a los 250.000 hogares en los que “no entra ni un sueldo” y a unos 500.000 andaluces que están en el umbral de la pobreza.
Denunció la “desgana y dejadez de responsabilidad” de la Junta, que “no ofrece respuestas” a una situación de abandono de estas personas y le exigió que “tome medidas de urgencias”, entre ellas el acelerar “al máximo” la tramitación legislativa de la Ley de Inclusión Social.
De hecho, apuntó que su objetivo es no paralizar la tramitación de la Ley, por lo que optó por analizar en el debate parlamentario si la cuantía de la renta básica se regirá por el salario mínimo interprofesional, como el actual salario social, o por el Iprem, que mide los índices de renta media.
Lo que sí consideró necesario el dirigente popular fue duplicar la partida destinada en los presupuestos actuales al salario social, que fue reducida en 54.000 euros a pesar de que “saber lo que se avecinaba”. Según Sanz, con esta falta de previsión el PSOE y la Junta están demostrando “su incapacidad para afrontar la crisis económica”, que primero negaron y ahora no son capaces de crear empleo ni de fomentarlo.
Sanz lamentó que “si no fuera por los ayuntamientos, la situación sería de drama total”, ya que son los que atienden a estas personas, ya sea a través de la beneficencia o mediante los servicios sociales, “sin que sea su competencias y ni tener recursos”.
En este sentido, Soto denunció que en octubre del pasado año ya se había agotado la partida destinada al salario social, por lo que hay un buen número de necesitados que se quedaron desasistidos. Para Soto, “es lamentable lo lejos que está la Junta de los ciudadanos”, que deben ser atendidos por unos ayuntamientos sin recursos ni competencias ante la falta de “medidas paliativas” que no los dejen “olvidados y en la marginalidad”.
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