El Grupo Popular defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide que la Cámara inste al Consejo de Gobierno a remitir, en el plazo de dos meses, un proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que contemple una respuesta para las 250.000 viviendas ilegales o alegales a las que el Gobierno andaluz se refirió en el 2012 con la aprobación del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
En la citada iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' reclaman que esta modificación genere la necesaria seguridad jurídica en sus propietarios con respecto al futuro de sus viviendas, "con el objeto de dar una solución definitiva a la problemática de las viviendas ilegales o alegales en Andalucía y poner fin a un problema generado en gran parte por la inacción y dejación de responsabilidades del Ejecutivo andaluz".
También demanda el PP-A en que el Consejo de Gobierno incluya en este proyecto de ley las modificaciones necesarias para solucionar la problemática de las viviendas alegales consideradas asentamientos según el Decreto 2/2012, de 10 de enero, en el marco de los planes generales de ordenación urbana, como áreas de regularización urbana, poniendo fin a los obstáculos que impiden la consecución de tales objetivos en los plazos fijados en los planes.
En otro de los puntos de la iniciativa se demanda que el Parlamento manifieste el fracaso del Gobierno andaluz en materia de protección de la legalidad urbanística desde que tiene las competencias transferidas y, en concreto, del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la exposición de motivos, el PP-A recuerda que siempre ha instado al Gobierno andaluz a lograr soluciones definitivas a una problemática, la de las viviendas ilegales o alegales en Andalucía, "que en gran parte se ha generado porque el Gobierno andaluz lo ha permitido".
En su opinión, el Gobierno andaluz y los partidos políticos que lo han sustentado "no han sabido o no han querido" solucionar una problemática que afecta a unas 300.000 edificaciones en Andalucía, y que ha sido denunciada desde hace muchos años por un buen número de instancias e instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo Andaluz.
Para los populares, hay que abordar el problema desde la raíz y "sin engañar" a los ciudadanos, "como se ha hecho en anteriores
ocasiones con un ánimo electoralista, bajo el principio de protección de los compradores de buena fe, y con la obligación de generar la necesaria seguridad jurídica para que la solución que se dé sea la definitiva que esperan los afectados".
