El exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual ha ampliado este viernes su declaración ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que una aseguradora catalana, llamada Fortia Vida, recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".
Pascual, que permaneció durante un año en prisión por orden de Alaya, ha decidido ampliar las declaraciones efectuadas con anterioridad y ha atendido las preguntas de la juez. Tras su comparecencia ni la Fiscalía ni el resto de las acusaciones han solicitado la modificación de las medidas cautelares sobre Pascual, ya imputado en la causa por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec y Primayor.
Según el acta de la declaración, consultada por Europa Press, este imputado ha señalado que la Generalitat autorizaba a Fortia a realizar operaciones fuera de Cataluña "siempre que las pólizas se suscribieran en Cataluña, lo cual es un criterio contrario a la Dirección General de Seguros" y en su opinión apoya la tesis de la "connivencia entre el PSC catalán y el PSOE andaluz".
Este viernes también ha acudido a declarar la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, que también estuvo en prisión por su implicación en el caso ERE y que se ha acogido a su derecho a no declarar ante Alaya. Por su parte, el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, también se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez, aunque su abogado ha presentado un escrito ante la magistrada en el que se desvincula de la tramitación de los ERE en los que aparece relacionado en la causa, relativos a la empresa Hitemasa.
En su declaración, Eduardo Pascual ha explicado que no se había pronunciado sobre la situación de Fortia Vida en el resto de procedimientos anteriores "por seguridad personal" y ha explicado que no se ha atrevido a expresarlas hasta que sus hijos "no se han marchado a residir fuera".
En estas declaraciones, Pascual ha explicado que Fortia Vida "está controlada por el Partido Socialista de Cataluña, cuyo principal accionista es Cruz Apestegui, yerno del empresario Jeús Barderas".
Ha agregado que de la Junta de Andalucía "salen 100 millones para Fortia y de Fortia salen 18 millones al bolsillo de las sociedades de empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional, como Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigó y Eduardo Bajet". Aseveró que Fortia Vida era una entidad "que no podría operar fuera de Cataluña pero recibió 100 millones de la Junta de Andalucía".
Pascual aseguró que desconoce el tema de la inclusión de intrusos en Hitemasa ni tampoco el papel desempeñado por el conseguidor Juan Lanzas tanto en el ERE de 2001 como el de 2004 y apunta que no conoce a ningún empresario ni político "porque hace más de 15 años que no visita Andalucía".
En su declaración, ha asegurado que "es imposible que una pequeña compañía sin estructura comercial, como es Fortia Vida pueda recibir los 100 millones de euros y pueda asumir las prejubilaciones de tantas empresas" y ha apuntado en ese sentido que las asignaciones "se realizaban a dedo". Asimismo, ha agregado que en otras comunidades autónomas como Valencia, en la que también se realizaron prejubilaciones "Fortia no llegó a asignarse ningún expediente".
Pascual ha añadido que los 100 millones de euros "más bien 98 millones", procedentes de la Junta de Andalucía "entran desde la creación de Personal Life y luego pasan a Fortia Vida". Asimismo, ha explicado que "de Fortia Vida salen 18 millones de euros que se invierten en dos hoteles en República Dominicana, que están controlados por Apestegui, Barderas, Garrigó y Bajet".
El exdirectivo de Vitalia ha declarado que Garrigó y Apestegui "son los accionistas de Fortia Vida" y añade que, en relación con el PSOE, "Barderas es la persona que en representación del PSOE lleva las inversiones internacionales en Sudamérica". Asimismo, apunta que Barderas "es el administrador de los hoteles de Sarasola en República Dominicana".
ENCUENTRO EN PRISIÓN
Pascual ha explicado que cuando ingresó en prisión entró en contacto con el abogado Carlos Leal Bonmati, director del Bufete Estudio Jurídico Villasís y acusado de ocho delitos por su mediación en los ERE, y convivieron cuatro meses en la misma celda.
Añade que Leal le explicó que "se crean unas sociedades que reciben siete millones de euros por parte de Vitalia, que los entrega en billetes físicos a varias personas, esto es, el ex director comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y la que fuera responsable del departamento de contabilidad de Vitalia, Olga Pascual", todos imputados en el caso ERE.
Ha declarado que durante su estancia en prisión, Leal le cuenta que es un testaferro de Guerrero.
Sobre el ERE de Samec, Pascual ha indicado que "todos los expedientes han sido captados por Fortia en virtud de ese acuerdo entre PSC de Cataluña y el PSOE-A" y ha explicado que "con estos 100 millones de euros objeto del acuerdo, se haría un pago anticipado del tres por ciento a Garrigó y un 15 por ciento tenía que invertirse en inversiones de interés para los empresarios vinculados con la cúpula del PSOE en Sudamérica". Manifestó asimismo que "también el tres por ciento pagado por el PSOE a Bajet lo condonó una semana antes de la intervención de Fortia Vida".
En ese punto, Pascual ha apuntado que "en los informes de los registros policiales constan fax cruzados con Bajet respecto a las comisiones percibidas por Vitalia", y ha agregado que Bajet y su secretaria "han sido imputados por el juez Velasco por la liquidación irregular de Fortia Vida".
Asimismo, agrega que "toda la documentación de Fortia Vida está depositada en el despacho que Bajet a través de un despacho que se conoce Ebame, despacho que ha sido cerrado y la documentación referente a Fortia Vida ha desaparecido".
