El exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar se ha acogido este viernes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, aunque su abogado ha presentado un escrito ante la magistrada Mercedes Alaya en el que se desvincula de la tramitación de los ERE en los que aparece relacionado en la causa, relativos a las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, el escrito presentado por la defensa de Serrano Aguilar señala que "ningún apartado" del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula con los ERE de dichas empresas al exdirector general de IDEA, que "no firmó nada" en relación con ellos porque "toda la documentación es anterior o posterior" al periodo en que ocupó el cargo, entre mayo de 2004 y 2008.
Además de Serrano Aguilar, Alaya ha citado este viernes a declarar a los exdirectivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual, que llegaron a estar en prisión por su implicación en el caso ERE. La primera salió en libertad el pasado mes de marzo tras pagar una fianza de 50.000 euros y Pascual hizo lo propio en junio después de abonar la fianza de 6.000 euros impuesta por la juez Alaya y la fianza de 5.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional a raíz de su imputación en el caso Eurobank.
A lo largo de la semana, han comparecido una veintena de imputados ante la juez Alaya, aunque una gran mayoría de ellos se han acogido a su derecho a no declarar, entre ellos todos los exaltos cargos de la Junta citados, como el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
También ha comparecido ante la juez el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Lamela, en su caso por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva, y que también se negó a declarar ante la juez.
De este modo, los únicos imputados citados esta semana que han accedido a declarar son, en relación al ERE de Primayor, el jefe de Personal, Luis Sobrino; el director de Recursos Humanos, Felipe Monforte, y el director general, Ramón Portal, los cuales, según Alaya, "instaron un ERE para 50 trabajadores que fue financiado en el 91 por ciento por la Junta, con total ausencia de procedimiento".
