La Junta sale al paso de las críticas afirmando que la norma no lo contempla
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aseguró que la Ley de Derecho a la Vivienda “no contempla en ningún caso que los ayuntamientos andaluces deban costear ni financiar la Ley ni las ayudas y actuaciones que en ellas se contemplan” y aseguró que la acción en los tribunales de los ciudadanos en el caso de incumplimiento de la norma también puede dirigirse a la Junta de Andalucía.
Fuentes de la Consejería explicaron a Europa Press que la financiación de la Ley y las actuaciones que contempla “corresponden exclusivamente a la Junta de Andalucía, a través de los planes de vivienda, mediante fondos propios y fondos procedentes del Estado, pero en ningún caso procedentes de los ayuntamientos”. “El anteproyecto de Ley indica de forma clara que los consistorios en ningún caso van a tener que hacer frente a ninguna de las ayudas económicas que se plantean para promover el acceso a la vivienda”, añadieron las fuentes, que apuntaron que los registros municipales de demandantes y los planes municipales de vivienda -novedades del texto normativo- “también van a ser financiados por la Comunidad”.
Explicaron que estas cuestiones se reflejan en el capítulo 23 del anteproyecto de Ley, que dice que “la Junta a través de sus planes de vivienda deberán consignar los presupuestos para promover el derecho a la vivienda”, por lo que “no aparece en ningún lado que los ayuntamientos deban aportar financiación”, según indicó Vivienda, que reiteró que nunca se ha contemplado que los ayuntamientos se encarguen de la financiación de la norma. Agregó que incluso en el artículo 24 del anteproyecto la Junta establece un sistema de ayudas a los ayuntamientos para la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales de vivienda. Asimismo, según el mismo artículo, la Junta “establece un sistema de ayudas a los ayuntamientos para la creación y mantenimiento de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida”.
Por último, Vivienda recordó que en el artículo 25 del anteproyecto de Ley sobre la acción particular de los ciudadanos, “se contempla esa acción no sólo contra los ayuntamientos sino contra la Junta, contra la administración pública en general”, por lo que “si la Junta incumple, el ciudadano también puede denunciar a la Junta”, añadieron las fuentes.
La vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del PP-A, Alicia Martínez, insistió ayer en calificar de “lógico” que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) no acepte asumir estos costes y mostró su rechazo a una norma que “significa trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos”. Mientras, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, aseguró que las medidas contempladas en la Ley tienen como objetivo “salvar a los promotores”, al tiempo que consideró “imposible” que los ayuntamientos andaluces puedan asumir los costes que ésta represente.
10.616 VPO ya están calificadas La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio concedió hasta el día 31 de octubre 10.616 calificaciones provisionales de vivienda protegida (VPO) tanto en régimen de venta como en alquiler, lo que representa un grado de ejecución del 75,8 por ciento del compromiso adquirido en el actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, que establece en 14.000 los inmuebles protegidos a calificar a lo largo de este año. La Consejería añadió que, en materia de rehabilitación se han entregado en el mismo período, subvenciones para el desarrollo de 24.632 intervenciones, con un nivel de cumplimiento del 86,1 por ciento de las previsiones.
