La Fiscalía Superior de Andalucía destaca la importancia de adoptar medidas que eviten el uso de menores inmigrantes llegados en patera por parte de adultos que falsamente se atribuyen su paternidad para sortear la expulsión del territorio nacional, ya que esta práctica con los llamados 'niños ancla' puede ocultar un delito de trata de seres humanos cuyo objetivo es explotar sexualmente a las madres ficticias.
En la memoria anual de 2013 de la Fiscalía Superior, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recoge la trascendencia que en Andalucía tiene la Extranjería, no sólo por la cantidad de pateras que llegan a las costas andaluzas con personas que pretenden entrar ilegalmente en territorio español, sino por la problemática específica de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que constituyen la frontera natural de Marruecos con España y la Unión Europea.
Así, se alude a la amplia repercusión de "los recientes y graves acontecimientos ocurridos en ambas ciudades a consecuencia del fallecimiento de 15 personas en Ceuta que murieron ahogados en su intento de acceso a la costa española o la entrada masiva de inmigrantes a través de la valla fronteriza de Melilla", motivo por el que se plantea la necesidad de reflexionar acerca de este fenómeno en diversos ámbitos.
La Fiscalía Superior recoge lo ocurrido en el Centro de la Cruz Roja de Puente Genil (Córdoba), donde se detectó una presunta trata de seres humanos con el fin último de explotarlos sexualmente.
Al mencionado centro son derivados un importante número de los inmigrantes que de manera ilegal arriban en pateras a las costas andaluzas. En gran parte de los casos lo hacen acompañados con menores respecto de los cuales el adulto que los acompaña manifiesta ser el padre o la madre, haciéndolo sin documentación fiable que lo avale, lo que requiere la realización de pruebas de ADN.
El resultado de estas pruebas permitirá adoptar medidas respecto a la protección del menor para evitar que sean usados para evitar la expulsión si no existe relación paternofilial. A ello se suma que, una vez cumplida la finalidad pretendida por el adulto de permanecer en territorio nacional, pueden resultar abandonados o sometidos a la custodia de personas que terminan en ocasiones atentando contra su integridad física, psíquica o contra su vida.
La Fiscalía superior pone de manifiesto que la tardanza en la obtención de resultados en las pruebas de ADN puede generar consecuencias no deseadas, pues el uso de menores con esta finalidad, en la mayoría de las ocasiones viene a ocultar un delito de trata de seres humanos para la explotación sexual de las madres ficticias por parte de las organizaciones criminales.
De hecho, las escasas mujeres subsaharianas que acompañadas de menores fueron ingresadas en el Centro de la Cruz Roja de Puente Genil y accedieron a declarar en el Juzgado, pusieron de manifiesto que habían sido captadas en sus respectivos países bajo falsas promesas de que mejorarían su calidad de vida en España, siendo trasladadas a Marruecos. Allí fueron violadas y quedaron embarazadas, siendo trasladándolas posteriormente a España junto al menor o aún embarazadas.
Ya en territorio nacional, tras quedar sometidas al control de alguna persona integrada en la red, eran destinadas a diversos lugares para ejercer la prostitución bajo el control de la organización criminal.
La Fiscalía mantiene que la investigación de estos hechos resulta compleja tanto a nivel policial como a nivel judicial, pues generalmente se trata de víctimas que permanecen escasos días en el Centro de la Cruz Roja, el cual pueden abandonar libremente.
En la mayoría de las ocasiones la víctima abandona precipitadamente el centro con la finalidad de trasladarse --o ser trasladadas-- a los clubs donde ejercerán la prostitución.
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