El Gobierno andaluz reclama la devolución de 17.451.211 euros de ayudas a cursos de formación, en virtud de las resoluciones definitivas de reintegro de 581 expedientes ya analizados, según ha informado este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

   Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha sido tajante al manifestar que ese dinero tiene que volver a las "arcas públicas". Según los datos que ha ofrecido, de los 8.505 expedientes recepcionados por la consejería de distinta índole, ya se han analizado por parte de los técnicos 4.365, de los que 2.504 expedientes están en fase de requerimiento de información, estudio o fase de inicio de reintegro, mientras que se han resuelto 1.280 expedientes que se han justificado correctamente.


   Alonso ha avanzado que a partir de mañana se hará público el listado de los expedientes afectados por resoluciones de reintegro y de las entidades a las que se refieren. Ha indicado que los 17,4 millones representan el 0,7 por ciento del total de las ayudas concedidas para la formación para el empleo.

   El consejero ha aprovechado para indicar que no parece apropiado ni justo que a día de hoy, estando en estudio en torno a la mitad del total de expedientes en tramitación, y donde se han solicitado resoluciones de 17,4 millones, se generalice, "criminalizando todo un sistema que es mejorable y en ello estamos, pero que también ha proporcionado formación a miles de personas en un momento de máxima dificultad".

   Ha señalado que le gustaría que el ritmo con el que se está ordenando "el pasado" fuera mayor, pero la complejidad del trabajo no lo permite y la mejor decisión que se puede tomar es seguir priorizando la rigurosidad y la transparencia. Ha insistido en que se está analizando expediente uno a uno, factura a factura y euro a euro, algo que no tiene precedentes en ninguna otra comunidad.

   Asimismo, Luciano Alonso ha querido dejar claro que exonerar o exceptuar "no significa perdonar, ni condonar". Ha explicado que  exonerar o exceptuar a entidades significa que estas podrán concurrir a convocatorias públicas o recibir el abono de ayudas teniendo expedientes previos abiertos, pero "en ningún momento conlleva que no tengan que justificarse" y cuando no se haga conforme a la Ley "tendrán que reembolsar el dinero".

   "En Andalucía no se ha realizado una amnistía o condonación masiva de justificación de ayudas públicas en materia de formación profesional para el empleo", ha sentenciado Alonso, quien ha anunciado que a partir de mañana se podrá consultar en la web de su consejería cada una de las exceptuaciones que ha efectuado la Junta desde el año 2009 hasta la actualidad en materia de formación profesional.

   Asimismo, el consejero ha informado de que actualmente existen 114 expedientes en tramitación para su justificación de empresas directamente relacionadas con el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. Concretamente, se trata de 14 expedientes de la Delegación de Sevilla, 7 expedientes en la de Huelva, 3 en la de Almería, 9 en la delegación de Cádiz, 3 en Córdoba, 2 en la Delegación de Granada, 8 en la de Málaga, 4 de la Delegación de Jaén, y 64 expedientes en la Dirección General de Formación profesional (de los que 60 ya están en manos de la justicia).

   Ha asegurado que en relación con los expedientes que no puedan ser justificados conforme a la legalidad se procederá, como así se está haciendo, a los reintegros pertinentes de reembolso del dinero adjudicado, "y no habrá diferencias, sea quien sea, se llame como se llame". Ha indicado incluso que la Junta será "especialmente minuciosa" en el estudio de los expedientes relacionados con Ojeda, que ha sido expulsado del PSOE-A.

   "Vamos a perseguir hasta el último euro que se ha defraudado", según ha sentenciado el consejero, quien ha expresado la voluntad de la Junta de colaborar con la justicia.

PP-A: IULV-CA ES "CÓMPLICE" DE LA CORRUPCIÓN

   En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha manifestado que Alonso, "por dignidad", se tendría que ir y ha asegurado que Junta y PSOE-A no tienen ningún interés por que todo este asunto se esclarezca.

   A su juicio, IULV-CA también es "partícipe y cómplice" de lo que está ocurriendo y está lastrada por la corrupción", y ha asegurado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está "plenamente implicada" en el caso de las ayudas a los cursos de formación, al haber salido a la luz "vínculos familiares".

   Ruiz-Sillero, que ha pedido a Alonso que haga público cuáles son las entidades que han justificado las subvenciones y las que no, ha destacado que en las resoluciones de exoneración está "el negocio" de la Junta, "que se queda con el 25 por ciento y permite el fraude". Así, ha acusado a la Junta de "exonerar masivamente" y ha urgido a aclarar dónde están los 583 millones del 25 por ciento que no paga.

   En su turno de réplica, el consejero ha dicho que, a diferencia de lo que está haciendo la Junta, parece que hay "contratos en diferido para los imputados" del PP, a los que ni siquiera se suspende de militancia.

   "Presunción de inocencia y silencio solo para los suyos", ha espetado el consejero, lamentando que el PP-A solo se esté dedicando a "insultar" y a hacer una causa "general", mientras le ha reprochado que considere que el responsable en Andalucía, en relación con las ayudas a formación, sea el Gobierno andaluz, y en Madrid, en cambio, los empresarios.

   El consejero también ha dicho que estará dispuesto a acudir a los tribunales para defender su "honor" y ha lamentado las "insidias y falsedades" lanzadas sobre el Grupo Sifa y el hecho de que un familiar suyo sea gerente en la oficina de Málaga.

IULV-CA EXIGE "RESPONSABILIDADES"

   Por su parte, el diputado de IULV-CA Ignacio García, que ha exigido "responsabilidades" por lo ocurrido en torno a este caso, ha advertido de que en la sociedad andaluza se está construyendo "un relato preocupante cargado de tintes de corrupción, clientelismo, amiguismo, ineficacia y despilfarro que resulta seriamente preocupante". A su juicio, el Gobierno andaluz tiene la responsabilidad de construir un "relato alternativo que diga la verdad y elimine la sospecha sobre todas estas cuestiones".

   García, que ha puesto en valor las medidas que está tomando la Junta, ha afirmado que "el pasado que no ata para nada a IULV-CA, que tiene autoridad moral para pedir que se investigue y que se limpie sobre esta cuestión, que aún tiene demasiados puntos oscuros". Así, ha anunciado que su formación va a pedir periódicamente, cada uno o dos meses, la comparecencia de Alonso. "Es la única forma de construir un relato distinto al de acusaciones más o menos fundadas y que tienen visos de realidad", ha concluido García.

PSOE-A: "EL GOBIERNO ANDALUZ RECONOCE LOS FALLOS Y RECTIFICA"

   Finalmente, el diputado del PSOE-A Francisco Menacho ha asegurado que esta comparecencia de Alonso es un acto de "transparencia más" y que este consejero ha ofrecido "abundante información" sobre los cursos de formación, en cinco comparecencias, tres de ellas a petición propia. Por ello, ha dicho que su formación no va a permitir que el PP-A se quiera convertir en "paladín de la rectitud y de la transparencia, que no tiene allá donde gobierna".

   Tras apuntar que el PSOE-A "expulsó" al exconsejero Ojeda cuando se conocieron las irregularidades, "mientras que el PP no hace lo mismo con sus cargos, a los que mantiene", Menacho ha señalado que el Gobierno andaluz "reconoce los fallos y rectifica", siendo su máximo objetivo la recuperación de "hasta el último euro" que se haya podido defraudar. Además, ha censurado que el PP haya convertido este asunto en una "causa" contra el PSOE-A y el Gobierno andaluz.