La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto 413/2014 de 6 de junio por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables y contra la Orden del Ministerio de Industria de 16 de junio de 2014 por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía renovable.
Aprean, según señala en una nota, emprende esta acción judicial contra las medidas adoptadas por el Gobierno central al entender que ambas disposiciones de carácter general y con evidente conexión directa entre sí son "contrarias a Derecho y gravemente lesivas para los legítimos derechos e intereses colectivos de las empresas de renovables andaluzas que Aprean defiende como asociación sectorial".
La patronal de las renovables en Andalucía fundamenta el recurso interpuesto en la retroactividad de las medidas puestas en marcha por la Administración que, además de estar fuera de Derecho, han creado, a su juicio, "inseguridad jurídica, han dañado las inversiones existentes y han encarecido la financiación de los proyectos mediante la imposición de duros recortes retroactivos sobre las tarifas que el propio Gobierno aprobó".
Igualmente, Aprean considera que el concepto de rentabilidad razonable, recogido en la Orden de parámetros retributivos respecto a las instalaciones con derecho a régimen económico primado, "dista mucho de ser real pues realmente se ha producido una pérdida de lo que razonablemente es rentable; valor que ya venía marcado por el marco retributivo hasta entonces existente en España y que ahora lo fija el Gobierno español muy por debajo de las cifras que determina la Unión Europea".
Por otra parte, la asociación basa también el recurso ante el Supremo en las "injerencias competidas por el Gobierno central en las legítimas competencias de las comunidades autónomas y en concreto en las propias de la Junta de Andalucía".
Así, lamenta que se tenga que recurrir a los tribunales de justicia para defender a todo un sector económico de "unas medidas contrarias a Derecho y que, tan sólo en Andalucía, han provocado la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo y de más de 400 millones de euros de inversión".
