La juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha vuelto este lunes al trabajo después de dos semanas de descanso, y a la espera de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) se pronuncie tras recibir hace dos semanas la exposición razonada de la juez "relativa a varias personas aforadas", según han informado varias fuentes judiciales consultadas por Europa Press.
Alaya remitió su exposición razonada y el TS recibió el 12 de agosto dicha documentación. La juez Alaya tomaba esta decisión de enviar dicha información después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso ERE se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados 'preimputados'.
Entre estos "preimputados" se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, actualmente diputado en el Congreso, y José Antonio Griñán, que es senador y que por ello serían aforados ante el Supremo.
En el mismo caso se encuentran el exconsejero José Antonio Viera, igualmente diputado en el Congreso, mientras que el resto son otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, actuales diputados del PSOE en el Parlamento andaluz.
La exposición razonada remitida al Tribunal Supremo se refiere a un total de nueve exaltos cargos aforados, al sumarse a los siete "preimputados" inicialmente por la magistrada los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, según confirmaron hace varias semanas a Europa Press fuentes jurídicas.
El escrito de la juez, de más de 300 folios, al que se suman 20 tomos del total que integran el sumario, así como diversa documentación digitalizada y audiovisual, fue remitida a la denominada Sala de Vacaciones del alto tribunal, aunque no está previsto que adopte ninguna decisión de calado y será a partir del 1 de septiembre cuando la Sala de lo Penal de su traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la causa.
Con independencia de si el material remitido por Alaya supone o no la integridad de la causa de los ERE, cuya instrucción afecta a más de 200 imputados y se abrió hace más de tres años, será la Sala de lo Penal la que decida, en el caso de ver indicios de delito sobre alguno de los aforados, si se queda con todo el procedimiento o únicamente con la parte referida a estas personas.
En todo caso será la Sala de lo Penal la que adopte todas estas decisiones por encima de la opinión de la magistrada, que ya ha manifestado en varias de sus resoluciones su negativa a que la causa sea troceada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
DECISIÓN SOBRE MAGDALENA ÁLVAREZ
Asimismo, todavía se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla tome una decisión sobre el recurso que la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez presentó contra la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que le impuso el pasado mes de marzo la juez Alaya.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla debe deliberar sobre el recurso interpuesto por Magdalena Álvarez contra la fianza civil que le impuso la juez Mercedes Alaya, recurso al que cabe recordar que se adhirió la propia Fiscalía Anticorrupción.
