El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular andaluz, Antonio Sanz, ha vinculado este jueves el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con el de los supuestos fraudes en cursos de formación profesional por tener en común el "mismo 'modus operandi' y los mismos actores" y ha cifrado en unos 4.000 millones de euros la cantidad que, en su conjunto, se habría "desviado" de los fondos públicos que inicialmente estaban previstos para los "parados andaluces".

   Así lo ha dicho Sanz en una rueda de prensa en Sevilla en la que, además, ha criticado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por seguir "callada" y sin dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción que "dañan la imagen de Andalucía" y que, según los 'populares', están "interconectados" entre sí.

   Sanz ha recordado que ya el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, "dijo que los ERE eran 'pecata minuta' comparado con la formación" y que, día a día, se va demostrando que estos cursos "van camino de convertirse, sin duda alguna, en un caso aún más escandaloso porque sólo en montante económico ya estaríamos hablando de unos 4.000 millones de euros" si se suman todas las cantidades que se investigan en la 'Operación Edu', en la 'Operación Óscar' y en los cursos de formación que la Junta ha subvencionado al sindicato UGT-A, entre otras.

   El también presidente del PP de Cádiz ha puesto como ejemplo de esta "absoluta vinculación" entre ambos casos el hecho de que la Junta, a través del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas --"una de las piezas claves de los ERE según la juez Alaya", ha puntualizado--, otorgara una ayuda de 24 de enero de 2008 por valor de 113.341 euros a la empresa Prescal, "vinculada de manera directa al señor Ojeda", el exconsejero de Hacienda detenido y en libertad con cargos en el marco de la 'operación Óscar'.

   Según Sanz, "esto demuestra que el fraude de la formación y el de los ERE constituye un fraude generalizado y masivo y un fraude continuado del dinero de los parados en Andalucía" y que, según ha recordado, el PP-A ya "denunció" el 17 de marzo de 2011 cuando pidió una comisión de investigación en el Parlamento sobre la posible vinculación del caso ERE con la formación al entender que compartían "un mismo 'modus operandi' a través de fondos de reptiles y ayudas y subvenciones sin publicidad y saltándose todos los procedimientos" y "los mismos actores", miembros del PSOE-A.

   "Esto significa que nuestra petición era razonada aunque se negó esa comisión una vez más", ha dicho para insistir una vez más en la "extrema gravedad" de estos hechos y de que la Junta, "aún a sabiendas" de las denuncias públicas del PP-A sobre "las irregularidades que se estaban cometiendo" y de la existencia de una investigación judicial que se inició en Algeciras a raíz de la denuncia de los trabajadores de 'Natura' (Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, también propiedad de Ojeda), siguiera "dando ayudas" al entramado del exconsejero.

LA JUNTA "MIRÓ PARA OTRO LADO"

   El método utilizado por Ojeda para ello, según Sanz, era el de "las facturas falsas", a través de las cuales "desviaba el 60 por ciento de la facturación" sin que se conozca aún hoy el destino de ella. "No sabemos si el destino es el señor Ojeda y su entramado, o si va más allá y hay alguna vinculación política de ese desvío de fondos del 60 por ciento".

   Según el PP-A, los profesores que impartían los cursos de formación eran "obligados a darse de alta como autónomos" para que pudieran presentar facturas a las distintas sociedades de Ojeda pero "por cantidades muy por encima del valor real" de su trabajo y por conceptos como los de "servicios de apoyo o material docente". Así, por cada docente se facturaba a la Junta una cantidad de 6.360 euros pero ellos "tenían que devolver" 3.960 euros, de modo que esa cantidad acababa en "otras manos" y ellos sólo cobraban realmente la diferencia, es decir, 1.786 euros.

   "El 60 por ciento se lo quedaba el desvío de fondos a no se sabe dónde. Y esta era la manera de enriquecerse y desviar fondos que tenía el entramado de sociedad de Ojeda, con facturas además exentas de IVA porque eran fundaciones", ha resumido Sanz.

TERESA FLORIDO NO AVOCÓ

   Además, el 'popular' ha asegurado que otras de las "falsedades" contadas estos días atrás por la Junta de Andalucía están relacionadas con la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta y cuñada de Ojeda, Teresa Florido, a quien ha acusado de "mentir" por decir que pidió la "avocación de sus poderes dos meses después de ser nombrada".

   Sanz ha dicho que "eso no es verdad porque su firma aparece en el BOJA dando ayudas muchos meses después y, de hecho, ella fue nombrada en junio de 2011 y la avocación fue en junio de 2013; es decir, estuvo dos años dando ayudas a las empresas y conociendo los expedientes de su cuñado". Con el agravante, ha añadido el 'popular', de que en esos dos años, pese a la ley de incompatibilidades que le prohibía hacerlo, "otorgó directamente una ayuda de 5,3 millones de euros a las sociedades de Ojeda", por lo que ha pedido a Florido que "responda política y judicialmente por estas irregularidades".

   También ha asegurado que de los 102 expedientes "que le avocan a la señora Florido" (concretamente, la consejera de Educación, Mar Moreno) entre el periodo 2009-2013, 99 de ellos "están pendientes de justificación" por un montante de 25,8 millones de euros, "lo que quiere decir que desde luego el Gobierno andaluz y Susana Díaz" no cumplen con sus responsabilidades de control y "no tienen ningún interés en resolver este asunto exigir responsabilidades".

   "Y luego dice que no ha eximido de justificación a las empresas, pues yo ya digo que hay 99 expedientes vinculados a los que han avocado a la señora Florido y que están sin justificar", ha sentenciado.

OTRAS "MENTIRAS" DE LA JUNTA

   Para Sanz, esta "mentira" es otra como la "película que intentan contar a los andaluces" los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes ha afeado que "intenten engañar" a la sociedad alegando "indefensión" cuando pudieron ir a declarar ante la juez Alaya y no quisieron.

   Asimismo, ha acusado de "mentir" a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, por pedir al Gobierno una 'vía exprés' para poder agilizar los mecanismos de reintegro en los casos de fraude cuando la Junta "ya tiene un procedimiento de apremio" que podría utilizar y no lo pone en marcha.

   Todo esto, en palabras de Sanz, indican "que la Junta no tiene ningún interés por recuperar el dinero que se ha robado a los parados andaluces". De ahí, que haya lamentado que la Administración andaluza haya "mirado para otro lado durante tanto tiempo" y haya exigido nuevamente a Díaz que "dé la cara" en el Parlamento. "¿A qué le tiene miedo, a conocer la verdad?", le ha espetado.