La exposición razonada remitida al Tribunal Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya en relación con el caso de la trama de tramitación irregular de EREs en Andalucía se refiere a un total de nueve exaltos cargos aforados, al sumarse a los siete "preimputados" inicialmente por la magistrada los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, según fuentes jurídicas confirmadas por Europa Press.
El escrito de la juez, de más de 300 folios, al que se suman 20 tomos del total que integran el sumario, así como diversa documentación digitalizada y audiovisual, ya ha sido remitida a denominada Sala de Vacaciones del alto tribunal, aunque no está previsto que adopte ninguna decisión de calado y será a partir del 1 de septiembre cuando la Sala de lo Penal de su traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la causa.
Con independencia de si el material remitido por Alaya supone o no la integridad de la causa de los ERES, cuya instrucción afecta a casi 200 imputados y se abrió hace más de tres años, será la Sala de lo Penal la que decida, en el caso de ver indicios de delito sobre alguno de los aforados, si se queda con todo el procedimiento o únicamente con la parte referida a estas personas.
Los "preimputados" por la juez de Sevilla que responden directamente ante el Supremo serían en principio los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, diputado y senador respectivamente; a los que se sumarían los también miembros electos del Congreso de los Diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías. '
Otra decisión a adoptar también por el Supremo, según las mismas fuentes, sería la de arrastrar con los anteriores a la investigación en este órgano de los otros cinco exconsejeros "preimputados", que en principio deberían responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Mar Moreno. Esta última, Consejera de Presidencia entre 2010 y 2012, tampoco estaba entre los siete aforados señalados inicialmente por Alaya.
En todo caso será la Sala de lo Penal la que adopte todas estas decisiones por encima de la opinión de la magistrada, que ya ha manifestado en varias de sus resoluciones su negativa a que la causa sea troceada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
NUEVO PRESIDENTE DE LO PENAL
Se da la circunstancia de que el tribunal que deberá adoptar todas estas decisiones contará con toda probabilidad en dicho momento con un nuevo presidente, ya que el actual Juan Saavedra será renovado con toda probabilidad en el Pleno que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebrará el próximo 23 de septiembre.
Los candidatos a sustituirle son el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y los magistrados de esta Sala Miguel Colmenero y Manuel Marchena, siendo este último el que más posibilidades parece tener para conseguir el puesto.
La juez Alaya ha puesto este caso en manos del Tribunal Supremo después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se dividiera en piezas separadas y se elevara al alto tribunal la parte que afecta a los aforados 'preimputados',
En esta resolución la Audiencia de Sevilla rechazó "trocear" el caso tal y como solicitaba Anticorrupción advirtiendo de que "la inconcreción fáctica de los criterios expuestos por la Fiscalía podría generar un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos" al Supremo.
