La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha recibido este martes exposición razonada de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, "relativa a varias personas aforadas", según ha informado el alto tribunal sin ofrecer más datos en relación a las personas afectadas por esta decisión. El documento viene acompañado de varios tomos del sumario, según las mismas fuentes.
La juez Alaya ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso ERE se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados 'preimputados'.
Entre estos "preimputados" se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, actualmente diputado en el Congreso, y José Antonio Griñán, que es senador y que por ello serían aforados ante el Supremo.
En el mismo caso se encontraría el exconsejero José Antonio Viera, igualmente diputado en el Congreso, mientras que el resto son otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, actuales diputados del PSOE en el Parlamento andaluz.
RESPONSABLES ANTE EL SUPREMO
Sobre estos últimos, el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la responsabilidad penal de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Ahora el alto tribunal deberá decidir si el contenido de la documentación remitida por la juez Alaya es suficiente para admitir la causa e investigar a los siete exaltos cargos afectados por la decisión de la magistrada, acotar la instrucción y tramitar los correspondientes suplicatorios.
En su última decisión del pasado mes de julio, la Audiencia de Sevilla rechazó "trocear" el caso tal y como solicitaba Anticorrupción advirtiendo de que "la inconcreción fáctica de los criterios expuestos por la Fiscalía podría generar un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos" al Supremo.
El pasado mes de abril Alaya tuvo que pedir tanto al Tribunal Supremo (TS) como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la "auxiliaran" para notificar el auto de preimputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, después de que las Mesas del Congreso y del Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos que había expedido a tal efecto directamente a las cámaras y que fueron rechazados.
En dicha ocasión preimputó a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.
Estos oficios, según justificó en dicho momento la juez, "se hicieron llegar a través de agentes de la Guardia Civil que actuaron como meros portadores", y en ellos se disponía poner en conocimiento de las citadas personas la existencia del procedimiento que se tramita en este Juzgado, a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto que necesariamente debe ser notificado, por si quisieran ejercer el derecho de defensa en dicho procedimiento".
La juez solicitó este auxilio al Supremo y al TSJA porque las Mesas del Congreso y del Senado acordaron devolverle la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Vieray al senador socialista José Antonio Griñán y advirtieron a la magistrada que no había optado por el "camino correcto" para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.
La causa de los ERE irregulares que investiga la magistrada Mercedes Alaya supera los 200 imputados y la instrucción sobrepasa varias decenas de miles de folios.
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