El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía "no hará excepciones ni con Ojeda ni con nadie" en la revisión de los expedientes de ayudas para la formación profesional de trabajadores que su departamento está realizando porque su objetivo prioritario es que se reintegre "hasta el último céntimo de euro que no se haya destinado" al fin para el que se otorgó.
Así lo ha dicho al ser preguntado en rueda de prensa por la detención ayer lunes del exconsejero de Hacienda del Gobierno andaluz, Ángel Ojeda, quien pasará a disposición judicial en las próximas horas en el marco de la operación bautizada como 'Oscar', desplegada por la Policía Nacional en varias localidades de España por el fraude de los cursos de formación.
Alonso ha insistido en que "si el señor Ojeda o quien sea" ha cometido algún fraude con estas ayudas será la justicia quien tenga que decirlo, por lo que ha pedido "celeridad y rapidez" a los órganos judiciales para que "cuanto antes" se aclare "todo". "Cada uno que asuma su responsabilidad. La de la Junta de Andalucía es que la formación ocupe un espacio fundamental", ha apostillado.
En este contexto, el consejero ha valorado el trabajo que están llevando a cabo los 62 trabajadores que forman parte del Plan de Choque de la Junta para revisar de forma individual todos los expedientes de ayudas para la formación otorgados entre 2007 y 2011 y ha adelantado que para diciembre de este año espera haber culminado la revisión de un 30 por ciento de las ayudas. "Y esperamos que en diciembre de 2015 se haya revisado la totalidad de las mismas", ha añadido aunque sin querer dar ninguna cifra del importe reintegrado hasta la fecha por ayudas no justificadas. "Lo importante es que no renunciamos a ninguna cantidad de dinero que haya sido mal utilizada o no utilizada para la formación", ha intentado zanjar.
Pese a la insistencia de los periodistas por conocer más detalles de la evolución de esta revisión, Alonso ha asegurado que "no especificará nada" porque estos datos sólo los dará a conocer cuando sean definitivos en el Parlamento andaluz y porque hasta la propia Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) le pidió que no lo hiciera al entender que ello "podría hacer daño a las empresas", una reivindicación que el consejero ha considerado "normal".
En su opinión, lo que "es importante" es que los andaluces tengan claro que "los expedientes se mirarán uno a uno para que no haya excepciones" y que "la Junta no renuncia a ninguna cantidad de dinero que haya sido mal utilizada o no utilizada para la formación".
LA COMUNIDAD "MÁS GARANTISTA"
En esta línea, Alonso ha defendido que Andalucía es la "comunidad más garantista de este país" en cuanto a subvenciones públicas se refiere porque "es la única del Estado español" que ha puesto en marcha medidas para "no exonerar y no exceptuar ninguna subvención". "Rajoy en este año 2014 ha dado subvenciones directas a empresarios y sindicatos, nosotros no", ha contrapuesto.
Además, ha resaltado que la presidenta de Junta, Susana Díaz, ha sido quien ha liderado la puesta en marcha de estas medidas para que "bajo ningún concepto" se cobren ayudas públicas sin justificar, así como la firma del acuerdo con los agentes sociales "para que las nuevas subvenciones para la formación fueran con concurrencia competitiva".
Sobre este último aspecto, ha especificado que a estas nuevas ayudas sólo podrán presentarse "empresas que estén al día" y que la Junta "priorizará las acciones formativas que tengan en cuenta los certificados de profesionalidad, incluirá un baremo objetivo y transparente para la adjudicación y establecerá un máximo de garantía de las subvenciones que permita un reparto más equitativo".
Finalmente, ha avanzado que el próximo 26 de agosto su departamento llevará al Consejo de Gobierno de la Junta una nueva Ley de Formación Profesional que, según ha resaltado, "será la primera en España que conjugará la formación profesional inicial y la ocupacional".
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