UPyD, que ejerce la acusación popular en la causa judicial donde se investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, se ha opuesto a la personación de la Junta de Andalucía y ha pedido al juez que cite a declarar como testigo al consejero de Educación, Luciano Alonso, ya que de su departamento depende la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, "quien debía supervisar la gestión y destino de los fondos subvencionados".

   De este modo, el coordinador y portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha registrado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla un escrito en el que pide al instructor que, además, cite a declarar como testigos a los exconsejeros de Empleo Manuel Recio y Antonio Fernández; al director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, y a sus antecesores en el cargo, como son Andrés Sánchez, Teresa Florido y María José Lara.

   En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, UPyD también pide al juez Juan Jesús García Vélez que cite a declarar como testigo a Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional, "a los efectos de que identifique a las personas a las que se refiere en su ampliación de declaración" ante la Guardia Civil "como 'cabezas visibles' supuestamente responsables de las adjudicaciones de fondos discrecionales, concretamente en las que afecten a UGT".

   UPyD también reclama la declaración de Teodoro Montes para que "identifique a las 'determinadas personas' que podrían haberse enriquecido ilícitamente a través de las subvenciones de formación de empresas como Mercasevilla, Santana Motor, Delphi, Astilleros o Aznalcóllar".

   En el escrito, UPyD se opone a la pretensión de personación en la causa de la Junta en calidad de 'perjudicada' por entender que la Administración autonómica "habría desempeñado un papel clave y activo en la trama delictiva que se investiga", por lo que "debieran ordenarse las imputaciones que correspondan de aquellas personas responsables de la gestión de los fondos presuntamente defraudados".

   En este sentido, recuerda que de la declaración prestada ante la Guardia Civil por Teodoro Montes "se desprenden una serie de irregularidades graves", entre las que cita la "justificación de asistencia a cursos de alumnos que realmente no han asistido a los mismos" o la "no presentación de documentos justificativos de realización de cursos, ante el órgano gestor, encargado del control y seguimiento".

   En su declaración, Montes aludió a la "existencia de 'unos 450 cursos' entre 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuya materialización no ha sido certificada, denunciando incluso la 'alteración y modificación de los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos' por parte de personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sucesor de la Faffe", así como al "sobredimensionamiento artificial e interesado de los presupuestos de los cursos para alcanzar el tope máximo de gasto presupuestado por la Consejería".

LA DECLARACIÓN DE UN ALTO CARGO

   Según añade UPyD, Teodoro Montes también denunció "una presunta desvirtuación de su departamento, encargado del control y justificación del gasto destinado a formación, que achaca a la Administración y su 'necesidad imperiosa de controlar que una posible actuación judicial sobre estos fondos no produzca daños a sus responsables'".

   Tras indicar que "se hace necesario identificar a esos 'responsables'", UPyD asevera que, en su ampliación de la declaración, Teodoro Montes habla de "adjudicaciones de fondos 'discrecionales, en virtud de las decisiones tomadas por los responsables de esos servicios centrales, cuyas cabezas visibles han sido la propia dirección general, viceconsejeros y consejeros'". "Tamaña acusación merece que
dichas personas sean identificadas", agrega.

   Por último, también denuncia que, en relación con el expediente '98/2009/J/217' que se corresponde con una ayuda de formación dirigida a desempleados concedida a UGT por importe de 8.021.823 euros, es "muy relevante" que la propia Junta, a través del SAE, "iniciara un expediente de reintegro en mayo de 2012 por importe de 204.868,10 euros --un 2,5 por ciento de su importe--, cuyo acuerdo de inicio de reintegro no ha sido aprobado a esta fecha, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su inicio y a pesar de que el derecho de reintegro de la Administración prescribe a los cuatro años desde que venció el plazo para su justificación --1 de diciembre de 2011--".

   "Esta dilación indebida e injustificada constituye una actuación reprobable y que puede tener conexión directa con los hechos que se investigan en la presente causa, toda vez que de dicho expediente partieron los fondos con los que se pagaron presuntamente pancartas de huelga a la entidad Gráficas Olimpia, empresa que realizó un cambio en la facturación a petición de UGT y que pertenece a Ignacio Cala, portavoz
socialista y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla)", concluye el escrito.